Ayudar al caído.

 

La crisis política permitió mostrar, que - contra todas las opiniones precipitadas - las provincias no se oponen a las reformas y a la integración en el mundo: fueron las que impidieron un viraje peligrosísimo.


"...vos rodaste por tu culpa,
y no fue inocentemente..."

Celedonio Flores, "Margot" (tango, 1919)



La despedida de Jorge Remes Lenicov estaba sellada antes de que el Congreso expresara su renuencia a votar la llamada Ley BONEX. Ese último episodio, si bien se mira, fue apenas la combinación de dos circunstancias diferentes. Por un lado se verificaba la resistencia de un amplio número de legisladores a asumir la mayor cuota del precio político que demanda transformar los depósitos de los ahorristas en bonos de un Estado en cesación de pagos (prefieren que el Ejecutivo protagonice ese canje compulsivo con un decreto de necesidad y urgencia). Pero a ese hecho se sumaba otro: el propio presidente Eduardo Duhalde se mostraba dispuesto a encarar un camino diferente al que Remes aconsejaba (alcanzar un acuerdo con los organismos internacionales de crédito), como le reclamaban un sector de sus propios fieles, la crema del radicalismo bonaerense, el FREPASO y algunas corrientes de asesores sedicentemente progresistas. Remes Lenicov ya había tomado nota de este talante presidencial antes de su viaje a Washington.

La convergencia de ambos hechos (resistencia legislativa a los reclamos del Ejecutivo y presiones de la coalición bonaerense gobernante contra la gestión de Remes) quedó a la vista en la votación interna del bloque de senadores justicialistas, el lunes 22, en la que una amplísima mayoría (que incluyó a hombres de reconocida fidelidad duhaldista) se expresó en contra de votar la Ley BONEX. Esa negativa conjunta, que precipitó la dimisión del titular de Economía, ocultaba una divergencia: mientras algunos empujaban a Remes al retiro con la ilusión de ingresar en la bifurcación decididamente aislacionista a la que parecía inclinarse Duhalde, otros expresaban sus reticencias frente a los zigzagueos del Ejecutivo y su alarma frente a una situación de deterioro ante la cual comenzaban a imaginar una convocatoria anticipada a elecciones. Tras cuatro meses de gobierno y ante las consecuencias de las políticas desarrolladas, la plataforma de poder institucional sobre las que se asentaba la presidencia de Eduardo Duhalde mostraban con claridad sus fisuras.

El Presidente intentó cerrar esas brechas sin renunciar a sus intenciones. Para lo primero, convocó a Olivos a los gobernadores peronistas. Para lo segundo, intentó rodear ese cónclave con la presión de una barra de destacados duhaldistas puros y duros así como de líderes favorables a la política anti-modelo, como Hugo Moyano. Sentó además, a su vera, a Alietto Guadagni, su candidato a ocupar el cargo que Remes dejaba vacante.

Los gobernadores empezaron por bochar a Guadagni quien, más allá de sus virtudes y merecimientos propios, fue expuesto a una situación en la que se definía, antes que nada, una relación de poder que lo sobrepasaba: la delimitación del mandato presidencial por parte de los jefes provinciales justicialistas. Tampoco lo favoreció el que se lo visualizara como hombre del riñón bonaerense, viejo aliado de Antonio Cafiero, y ligado al establishment alfonsinista a través de su antigua sociedad con Mario Brodersohn, asesor íntimo del hombre fuerte de la UCR.

No fue el único traspié presidencial. Los gobernadores pidieron una nueva reunión, sin presencias ajenas, y allí establecieron un documento de 14 puntos (bosquejado por el salteño Juan Carlos Romero) fijando los lineamientos que deberá seguir el gobierno y un plazo (90 días) para llevarlos a cabo. Con esa línea y ese plazo los mandatarios peronistas aseguraron el respaldo a la gestión de Duhalde (en la que, con todo, no comprometieron a ninguna de sus figuras principales, al menos hasta ahora).

La crisis política permitió poner, negro sobre blanco, que -contra todas las opiniones precipitadas, tanto internas como externas- las provincias interiores, lejos de establecer obstáculos a las reformas y a una política de integración en el mundo y cumplimiento de los compromisos internacionales, fueron las que impidieron un viraje peligrosísimo y las que impusieron un curso racional y constructivo a la emergencia.

La designación ulterior de Roberto Lavagna como titular del Palacio de Hacienda no clausura el debate; abre una nueva instancia aunque, por cierto, difícilmente alcance para superar el desbarajuste económico creado por el cocktail de depresión económica, inflación, devaluación, pesificación compulsiva, corralito, crisis del sistema financiero. La regeneración de la confianza pública (interna y externa) reclama instituciones renovadas y liderazgos legítimos, apoyados en la sociedad. El importantísimo consenso de los gobernadores, útil para sostener a un presidente desorientado y trastabillante y para orientar la transición, no es suficiente, sin embargo, para iniciar con vigor el camino de la recuperación a fondo. Para eso se necesita un poder lúcido, integrador, dispuesto a avanzar en las reformas y las alianzas internacionales que el país requiere. Un poder dotado de la fuerza que es capaz de otorgar el voto popular.
Jorge Raventos , 29/04/2002

 

 

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