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| Catorce puntos y noventa días. |
| La virtual totalidad de los actores políticos del peronismo coincidió unánimemente en la necesidad de avanzar en la reinserción internacional de la Argentina como condición para la superación de la crisis. |
| El acuerdo de catorce puntos negociado entre el Presidente Duhalde y los gobernadores peronistas indica que está en marcha una recomposición de alianzas dentro del actual sistema de poder político. El acuerdo parlamentario entre el peronismo bonaerense y el radicalismo, con la participación secundaria del Frepaso, que en enero pasado encumbró en la presidencia a Duhalde, agotó sus posibilidades de sobrevivencia ante la imposibilidad de avanzar en la negociación con el Fondo Monetario Internacional con que tropezó Jorge Remes Lenicov durante el viaje que realizara el fin de la semana pasada a los Estados Unidos. Sobre todo, cuando el Secretario del Tesoro norteamericano, Paul O'Neill, se encargó de puntualizar que el estancamiento de las conversaciones obedecía a la ausencia en la Argentina de un liderazgo político adecuado para implementar las reformas estructurales que exigen las circunstancias. La consecuencia inevitable es el notorio debilitamiento del poder presidencial y la reaparición de los gobernadores peronistas en la mesa de las decisiones políticas, a través de un mecanismo asambleístico de características tumultuarias, similares al que rodeó en su momento la designación de Adolfo Rodríguez Saá. Símbolo de la nueva situación fue el veto impuesto por los gobernadores a la designación de Alieto Guadagni al frente del Ministerio de Economía, que no se fundó en objeciones a su reconocida idoneidad sino a su doble condición de histórico funcionario bonaerense y de socio de Mario Broderson, principal asesor económico de Raúl Alfonsín. Esa modificación de alianzas implica un deslizamiento de poder desde el Congreso Nacional hacia las jefaturas territoriales del peronismo, erigidas ahora en principales interlocutores del Poder Ejecutivo y en únicos garantes de su continuidad amenazada. En ese contexto, la hipótesis de un adelantamiento de las elecciones presidenciales, reclamada ya a viva voz por diversos sectores del peronismo, ha quedado sólidamente instalada en la opinión pública y en los distintos factores de poder nacionales e internacionales. Cuando la renuncia de Remes Lenicov parecía desnivelar la balanza en favor de los sectores que, dentro y fuera del gobierno, preconizan una alternativa de tintes aislacionistas, el peso de los gobernadores volcó la decisión hacia la continuidad de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. De allí que, entre la vaporosidad conceptual que caracteriza a muchos de los catorce puntos acordados, sobresale nítidamente la claridad con que están precisadas tres de las principales exigencias del FMI: el acuerdo fiscal entre el Estado Nacional con las provincias, la derogación de la ley de subversión económica y la eliminación de las reformas aprobadas en febrero pasado en la ley de quiebras. Más allá de lo que suceda en las próximas semanas en relación a los conflictos y las azarosas circunstancias que sin duda habrán de signar la integración del nuevo elenco de gobierno y la implementación de la mayoría de los puntos acordados, existe un dato que trasciende la coyuntura y que tiene una importancia estratégica: La virtual totalidad de los actores políticos del peronismo coincidió unánimemente en la necesidad de avanzar en la reinserción internacional de la Argentina como condición para la superación de la crisis. Esa definición política tiene una significación de mediano y largo plazo que excede cualquier consideración puntual sobre la suerte que pueda correr el gobierno de Duhalde. Pero en el acuerdo suscripto, hay un segundo aspecto de singular relevancia: el plazo de noventa días. Todo indica que, en la visión de los gobernadores, ese lapso establece implícitamente el cronograma en que el peronismo tendrá que fabricar su propia sucesión en el poder. Si en lo estratégico lo fundamental es la orientación general de esos catorce puntos, en lo político es probable que lo más importante sea la inclusión de ese plazo de noventa días. |
| Pascual Albanese , 25/04/2002 |
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