La aparentemente inminente reimplantación del "cram down" supone la habilitación legal para desatar una oleada de compras de empresas argentinas a bajos precios por parte de inversores extranjeros.
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Detrás de la negociación sobre la ley de quiebras, está presente un fantasma que ronda con creciente intensidad el mundo empresario. Es la posibilidad de una nueva vuelta de tuerca en la transnacionalización del sistema económico argentino. Una presunción cada vez más generalizada es que, a pesar de la situación de aislamiento internacional que atraviesa la Argentina, podemos estar en vísperas de una oleada de adquisiciones a bajo precio de firmas de capital nacional por inversores extranjeros.
En este contexto, aparece hoy en toda su dimensión el hecho de que el "default" de la Argentina no sólo involucra a la deuda pública. Tras la devaluación, dicho "default" incluye en la práctica la cesación de pagos internacionales de la gran mayoría de las empresas argentinas. Porque, después de la devaluación, estas empresas se han visto imposibilitadas de pagar sus obligaciones en el exterior, contraídas en dólares. Este hecho, que no ocurrió en casos anteriores, por ejemplo con la crisis de la deuda en Rusia de agosto en 1998, convierte al "default" de la Argentina en la cesación de pagos más importante de la historia del sistema financiero internacional.
En este sentido, lo ocurrido en las últimas semanas con Telecom, Metrogas y Aguas Argentinas es apenas la punta de un gigantesco "iceberg ": la deuda externa privada argentina asciende aproximadamente a cincuenta mil millones de dólares. Y, en este caso, los derechos de los acreedores internacionales están obviamente a salvo de cualquier mecanismo de "pesificación".
Salvo algunas firmas exportadoras, que pueden compensar parcialmente el efecto de la devaluación con el incremento de sus ventas externas, las demás empresas, que facturan en pesos, no están en condiciones de cancelar sus obligaciones en dólares. La cesación de pagos de Multicanal, la segunda empresa en importancia del grupo "Clarín", fue un síntoma más que revelador.
Existe, además, un agravante : la devaluación implicó también una formidable devaluación de activos. Medidos en dólares, los activos de las empresas argentinas han perdido más de un setenta por ciento de su valor. Esa fenomenal desvalorización coloca a esas empresas, financieramente estranguladas, a tiro de posibles ofertas de compra provenientes de inversores del exterior, a precios internacionalmente bajos.
En este punto, la modificación de la ley de quiebras tendía a establecer un manto de protección judicial de carácter provisorio sobre esas empresas endeudadas. El rechazo explícito del Fondo Monetario Internacional cierra esa alternativa.
En particular, lo que está en juego es la reimplantación de la vigencia de la figura del "cram dawn", ya contemplada en la legislación anteriormente vigente, un mecanismo legal que permite a los acreedores, o incluso a terceros interesados, a mejorar la oferta de pago realizada por una empresa en convocatoria, a cambio de asumir el control de esa misma empresa.
En las actuales circunstancias, descartado de antemano el establecimiento de un seguro de cambio con carácter retrospectivo, cuyo costo fiscal sobrepasa la capacidad de la imaginación, la aparentemente inminente reimplantación del "crawm dawn" supone la habilitación legal necesaria para esa eventual oleada de compras.
Las cambiantes alternativas de la puja de intereses y los realineamientos de fuerzas desatados en torno a esta situación constituye hoy una clave indispensable para entender el comportamiento de gran parte de los actores políticos y empresarios, tanto nacionales como internacionales, incluido por supuesto el FMI, en relación a la evolución inmediata de la crisis argentina.
En el corto plazo, un acuerdo con el FMI y la consiguiente apertura de las negociaciones entre el gobierno argentino y sus acreedores externos podría abrir una nueva instancia para encarar la renegociación de la deuda privada. Visto desde una pespectiva estratégica, el centro de la cuestión es la implementación de alternativas apropiadas para recrear las condiciones necesarias para revaluar los activos de las empresas argentinas. |
Pascual Albanese , 12/04/2002 |
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