¿Tiene sentido apurar la negociación con un gobierno poco previsible y eventualmente poco duradero? La prueba del ácido será el poder que Duhalde pueda exhibir para poner en acción las recomendaciones que Singh dejó en manos de Remes Lenicov. |
Hoy, lunes, Anoop Singh, el veedor enviado a Buenos Aires por el Fondo Monetario Internacional, se encontrará ya en Washington y comenzará a redactar el informe que le encargaron Horst Köhler y Anne Krueger, las máximas autoridades de la entidad.
El documento de Singh incluirá, seguramente, el apremiante pedido de ayuda urgente del gobierno argentino, pero detallará, asimismo, los motivos por los cuales ese apoyo financiero debe condicionarse al cumplimiento de algunas tareas que el economista indio ya adelantó a Jorge Remes Lenicov. Una de ellas es la revisión del presupuesto ya aprobado por el Congreso (la misión del Fondo estima que se han calculado con demasiado optimismo las cifras de caída del PBI y las de recaudación). La reformulación exigirá determinar una nueva reducción del déficit público. El Palacio de Hacienda sueña con corregir el balance por el lado de los recursos antes que por el costado del gasto, es decir, a través de nuevos gravámenes.
Singh advirtió asimismo que deberá explicarse de qué modo el gobierno nacional inducirá a las provincias a abandonar la emisión de los bonos que actúan como cuasi-monedas locales. También reclamó la eliminación o neutralización de la Ley de Quiebras recientemente sancionada, así como un programa viable para erradicar el corralito y regenerar la actividad crediticia y el inicio de conversaciones con los acreedores externos para salir de la situación de default.
Aunque enmascaradas por los términos económicos, todas y cada una de esas demandas son esencialmente políticas, en tanto exigen del gobierno pruebas de fuerza en relación con la sociedad y, en buena medida, con sectores que hasta el momento le han prestado apoyo o consentimiento.
Es también probable que el adelantado del FMI transmita en su reporte algunas dudas recogidas sobre el terreno; en rigor, dudas que el propio gobierno de Eduardo Duhalde transmite con su comportamiento. El último fin de semana, por caso, algunos voceros de alto nivel del oficialismo deslizaron a la prensa (en Fortaleza, Brasil, donde sesionaba una asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo dedicada al caso argentino) que Eduardo Duhalde manejaba dos planes alternativos para el caso de que el Fondo no enviara ayuda rápida. El Plan B, según la versión, consistiría en apurar la máquina de la emisión monetaria (con la ilusión de activar así la economía). El Plan C, en tanto, plantearía una ruptura con el FMI, un alejamiento borrascoso de los Estados Unidos y medidas estatistas y de cierre declarado de la economía: una suerte de chavismo a la bonaerense.
La operación de prensa parecía imaginada, en primer término para correr con la vaina a los sectores que, sea en la administración estadounidense, sea en el Fondo, sostienen la postura de demorar la ayuda hasta que el gobierno argentino ponga "la casa en orden". En segundo lugar, el ala del duhaldismo que se autodefine como racional (es decir: dispuesta a admitir los consejos del FMI), podía verse desbordada por sectores menos racionales capaces de influir en el propio presidente. Ese tipo de amenaza por la prensa no parece la vía más lúcida para encarrilar las negociaciones: acentúa el ya difundido mote de populista asignado a Duhalde y pinta un cuadro de disensos radicales en el seno del gobierno que agudiza el cuadro de imprevisibilidad y desconfianza que la Argentina ya suscita sin necesidad de nuevos estímulos.
Quizás para remediar ese efecto, otras altas fuentes del duhaldismo rectificaron esa versión y confiaron un día después a "La Nación" que Duhalde ni en sueños imagina aquellos planes alternativos, que depende de la buena voluntad del Fondo y que, si la ayuda externa no llega rápido, en tres meses el gobierno estaría sentado sobre un polvorín y debería convocar a comicios anticipados. El remedio mediático pareció peor que la enfermedad: el nuevo trascendido subrayaba la impresión de inestabilidad gubernamental. El propio Duhalde debió protagonizar la desmentida. Sólo adelantaría las elecciones si las cosas empezaran a marchar bien, aclaró. Tantas idas y vueltas, ofensivas y retiradas imponen a los observadores del Fondo una vacilación básica: ¿Tiene sentido apurar la negociación con un gobierno poco previsible y eventualmente poco duradero? La prueba del ácido, en todo caso, será el poder que Duhalde sea capaz de exhibir para poner en práctica el listado de recomendaciones que Singh dejó en manos de Remes Lenicov. Sólo después de cumplir con esas condiciones comenzará la negociación de la ayuda. Este trámite demandará nuevos esfuerzos para acercar el programa económico oficial a los rasgos de sustentabilidad que reiteradamente solicitan las autoridades del Fondo y el Tesoro americano. Con encomiable optimismo, Remes y su segundo, Jorge Todesca, han vaticinado a los medios que esas negociaciones culminarán exitosamente a fines de abril.
Se trata de ganar tiempo en una carrera contra el tiempo: con el dólar en progresivo ascenso y precios que no dejan de subir, la perspectiva de un acuerdo con el Fondo es una zanahoria que el gobierno exhibe ante sus aliados y sostenedores más o menos fieles como una promesa de alivio próximo, procurando que ese sistema de apoyos institucionales se mantenga en el corral sin muestras evidentes de indisciplina. Por ejemplo: que los gremios posterguen cualquier reclamo de actualización salarial para compensar la inflación, que la Ciudad de Buenos Aires no agregue su propio bono al largo listado de los ya existentes en otros distritos, que el Congreso acote aquellas iniciativas legislativas que desordenan el paquete con el que el Palacio de Hacienda intentó satisfacer a Singh.
Entretanto, la noción de que los plazos se achican presiona a Duhalde a consolidar rápidamente algunos resultados políticos. Puesto que ha renunciado anticipadamente a cualquier candidatura institucional, su principal objetivo reside en saltar del dominio partidario bonaerense a la presidencia del justicialismo a escala nacional, desplazando de esa posición a su titular actual, Carlos Menem. Duhalde encomendó a Rodolfo Gabrielli, su ministro de Interior, que sondee la predisposición de los gobernadores peronistas a una movida de esa naturaleza y él mismo se dispuso a conversar el tema en la reunión que este fin de semana se llevó a cabo en Puerto Iguazú, provincia de Misiones. Es probable que en estas negociaciones el Presidente encuentre respuestas tan amablemente impenetrables como las que escuchó del enviado del FMI. |
Jorge Raventos , 18/03/2002 |
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