El pacto quebrado entre los argentinos.( Segunda Parte )

 

La crisis argentina es el resultado de la parálisis del sistema financiero, la pérdida de financiamiento internacional y nacional y la incertidumbre con respecto a un precio fundamental de la actividad económica, que es el dólar, provocada por la devaluación.
Solo el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires quería devaluar antes del 5 de enero. No quiso devaluar el presidente provisorio, que duró poco tiempo. Rodríguez Saá no quiso devaluar.Tampoco quiso devaluar, a pesar de los fracasos, De La Rúa con Cavallo. Acá, sin embargo, se devaluó, cuando el total de reservas respecto al circulante son 40 % superiores.

¿Qué significa esto? Que la racionalidad económica se cruza siempre y necesariamente con una determinada estructura política, está cargada de sentido, que reclama e incluye ciertas decisiones económicas. Dicho de otra manera: no es la racionalidad un programa económico la que suscita el necesario respaldo político, sino que solo una cierta estructura de poder político, basada en un sistemas de alianzas nacionales e internacionales, es la que torna posible la racionalidad de un sistema de decisiones económicas.

Pero la crisis de diagnóstico no es solo, ni principalmente, una cuestión analítica, intelectual o académica. Es esencialmente una cuestión política. La crisis de diagnóstico sobre la crisis argentina es un componente fundamental de la actual situación del país. Lo había advertido Raymond Aron, cuando dijo: "No hay estrategia efectiva que no se base en un diagnóstico acertado".

La naturaleza del problema que presenta devaluar en una sociedad como la argentina, intensamente dolarizada, la más dolarizada del mundo emergente, probablemente la más dolarizada del mundo fuera de Estados Unidos, es que la devaluación lleva al restablecimiento de la moneda nacional, a través de lo que se denomina estrategia de pesificación. Lo que ocurre es que la sociedad argentina no quiere esa moneda, al menos desde la década del 70 y con especial claridad desde las dos hiperinflaciones de 1989 y 1990.

Por eso lo que está ocurriendo en la Argentina es un acontecimiento histórico de dimensión mundial. Es, por un lado, la decisión de un poder político y, por el otro, la reacción de la sociedad contra esa decisión fundamental. Es, en definitiva, un choque de voluntades que tiene como significado que el gobierno quiere imponerle a la sociedad una revolución cultural. Y la sociedad se resiste a que el poder político le quiera imponer lo que constituye una modificación de su orden de valoraciones, lo que en otra época se llamaría un "lavado de cerebro".

Pero la devaluación monetaria en la situación específica de la Argentina, un país que como cualquier país del mundo no es una realidad inmediatamente universal, sino una experiencia nacional surgida de una historia de carácter intransferible, fue también la ruptura de uno de los dos pactos vigentes en la Argentina, la convertibilidad. Uno, la democracia, el segundo, el pacto socioeconómico que los argentinos establecieron entre sí, a partir de 1991: la convertibilidad.

La multiplicación de conflictos y reclamos sectoriales en las últimas semanas tiene una raíz común. Desapareció ese pacto socioeconómico entre los argentinos. Durante más de 10 años, la convertibilidad funcionó en el terreno económico como un pacto de convivencia social básico. La estabilidad monetaria era la regla fundamental compartida por todos, en la que se sustentaba la totalidad de las actividades y las transacciones económicas, con una importancia casi equivalente al propio sistema democrático.

Toda sociedad moderna tiene características eminentemente contractuales. Es un sistema de contratos. Las relaciones entre las personas están ordenadas a través de contratos. La abrupta ruptura de ese intrincado laberinto de vínculos contractuales que generó la devaluación ha generado una situación de anomia colectiva. Ante la inexistencia de reglas compartidas, reaparece inevitablemente la tendencia de la lucha de todos contra todos, que en la historia universal fue lo que precedió al nacimiento de los estados.

Acreedores y deudores, propietarios e inquilinos, empresarios y trabajadores, banqueros y ahorristas, comerciantes y consumidores, profesionales y clientes, fabricantes y proveedores, son hoy los protagonistas de esta multiplicidad de conflictos cotidianos que ilustran sobre la quiebra de ese contrato social que los argentinos mantuvieron todos estos años. Todos los sectores pujan por salir lo mejor parados posible en la distribución de los perjuicios que ocasiona la nueva situación.

Y, frente a esta situación de extrema incertidumbre, el Estado agrega un elemento adicional a la desconfianza colectiva. Intenta sustituir la ausencia de reglas claras y compartidas mediante la reintroducción de una cuota elevadísima de intervencionismo económico, que tradicionalmente ha sido el mecanismo de financiación de los aparatos partidarios y la principal causa estructural de corrupción política repudiada hoy por la sociedad argentina.

El incesante afán reglamentarista busca reemplazar el acuerdo entre las partes por el imperio de la voluntad estatal, emanada también de un sistema político seriamente cuestionado en su legitimidad por la inmensa mayoría de la opinión pública. Sin embargo, este ensayo que está en marcha va a contramano de la economía argentina, altamente compleja y globalizada. Aquel sistema económico que estalló por los aires a fines de la década de los 80, en una situación de fuerte aislamiento interno, mucho menos puede funcionar hoy.

Después de los cambios de los últimos años y de las transformaciones estructurales realizadas en la Argentina en la década del 90, la aceleración del tiempo histórico hace que aquellas políticas que en la década del 80 no podían tener un final feliz, y no lo tuvieron, y fueron las que terminaron en el colapso hiperinflacionario de 1989, hoy no pueden tener ni siquiera un buen comienzo.

Pero la reaparición del estatismo burocrático tropieza también con un segundo obstáculo imposible de sortear. Enfrenta la firme voluntad de una sociedad que rechaza fuertemente el estatismo burocrático y expresa ruidosamente en las calles su clara decisión de elegir por si misma y desenvolverse en libertad. La sola idea de dar marcha atrás en la relación a la plena vigencia de las libertades políticas y económicas no es solo entonces incompatible con la principal tendencia estructural de nuestra época. Contradice también la más reciente experiencia de la Argentina. No es viable y está condenada al fracaso. La prioridad política absoluta y excluyente de la Argentina de hoy reside, entonces, en la imperiosa necesidad de establecer un nuevo pacto básico de convivencia social.

Hay que determinar con precisión reglas de juego capaces de recrear las condiciones de estabilidad y de previsibilidad que permitan recuperar rápidamente la confianza nacional e internacional en el presente y en el futuro de la Argentina. Mientras ello no ocurra, sólo cabe prever la agudización de la actual crisis.

Pero por eso hay que hablar de política, esto es, de poder y de conflicto. La confianza es a la política y a la economía lo que el oxígeno a la naturaleza. No es un elemento más, es la condición para la existencia. En una economía globalizada, cibernéticamente integrada, altamente simbólica, no hay más instrumento de acción que la confianza. Y en un sistema político profundamente en crisis como la Argentina no hay otro elemento de acción posible que la legitimidad. Confianza y legitimidad.

El estado de las conversaciones entabladas entre el Estado Nacional y el Fondo Monetario Internacional y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos refleja la abrumadora falta de confianza internacional en el actual sistema político para efectuar las transformaciones pendientes.

Para aventar hipótesis conspirativas, conviene señalar que esa falta de confianza no es solo externa. Lo mismo ocurre con la opinión pública argentina, que descree agudamente del actual sistema político y clama urgentemente por su renovación.

En la actualidad, podría decirse que entre las excepciones significativas a este consenso interpartidario que se expresa en la superficie argentina figuran básicamente tres nombres, aunque no sean los únicos . Uno es el de Carlos Menem. Otro es el de Ricardo López Murphy. El tercero es el de Mauricio Macri. Ellos intentan impulsar una alternativa política acorde con el hecho estructural de la globalización, orientada hacia una alianza estratégica con los Estados Unidos y una reinserción estratégica en el escenario internacional.

En este contexto, la única estrategia viable para superar la situación actual es la construcción de un nuevo sistema de poder capaz de reconstruir la confianza nacional e internacional. Esa recreación de la confianza en el presente y el futuro del país no es un objetivo de cumplimiento ilusorio, sin un previo acuerdo estratégico, esto es, no solo económico sino de carácter integral entre la Argentina y la administración republicana de los Estados Unidos.

En las actuales condiciones es necesario impulsar la construcción de una coalición política y social, que solo puede basarse en la convergencia de tres factores fundamentales. El primero son las demandas de la opinión pública, centradas principalmente en dos puntos. En primer lugar, el reclamo de la salida del corralito del sistema financiero, que en la práctica constituye la dolarización. No importan las encuestas, los tumultos en los bancos no son una desesperación por conseguir pesos argentinos. En segundo término, es necesario la búsqueda de una profunda reformulación del sistema de instituciones públicas del país.

Para eso es necesario el segundo factor: el apoyo activo de los factores de poder económicos nacionales y transnacionales, vinculados con la inserción internacional de la Argentina en estos 10 últimos años, hoy carentes de representación en el sistema político, a pesar de que en razón de su envergadura y su vinculación con el mundo son mucho más importantes y significativos para el país que el sistema de intereses corporativos asociados al atraso tecnológico y al aislamiento, y que usurpan el nombre de grupos productivos.

El tercer elemento, el fundamental, porque condiciona a los otros dos, es el surgimiento de un gran eje político transversal, cuyo centro de gravedad solo puede situarse hoy en el peronismo y desde él, que pueda ser capaz de expresar institucionalmente a esta nueva coalición de poder y convertirla en una alternativa concreta de gobierno.

Todas las críticas que puedan hacerse al actual gobierno tienen que partir de su realidad de origen: la tremenda crisis provocada por el descalabro del gobierno de la Alianza. Con un añadido de gran importancia: la desaparición de la Alianza como opción de poder convierte al peronismo como el único actor relevante del escenario político nacional. El peronismo ocupa hoy virtualmente la totalidad del espacio político, entendido como espacio de las decisiones políticas.

Lo que ocurra en los próximos meses con el peronismo habrá de definir lo que ocurra en la Argentina en los próximos años. Eso hace que durante un lapso hoy imprevisible, pero no necesariamente corto, hasta que aparezca en escena un nuevo actor político alternativo con relevancia como opción de poder, los distintos factores de poder y el conjunto de las contradicciones de la sociedad argentina tenderán a canalizarse cada vez más dentro del peronismo y no fuera de él. De allí que el conflicto interno del peronismo haya dejado de ser únicamente del peronismo, para convertirse en un tema central para el futuro de la Argentina.
Jorge Castro , 12/03/2002

 

 
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