 
 |
| Peronismo o kirchnerismo |
El martes 5 de junio, en la Universidad de ciencias Empresariales y Sociales, se concretó la reunión mensual de Segundo Centenario. Jorge Raventos, Jorge Castro y Pascual Albanese analizaron la situación política bajo el título "Peronismo y kirchnerismo". Este es un resumen de sus intervenciones. |
|
Jorge Raventos A punto de cerrar el primer semestre, se empieza a acelerar un proceso que tuvo un gran punto de inflexión con la muerte de Néstor Kirchner. La coalición oficialista, que (aunque con desorden interno) logró superar exitosamente la prueba electoral de octubre de 2011, muestra ya señales de “desagregación” creciente, exhibe un déficit cada vez más notorio de conducción y sólo parece capaz de enfrentar los problemas que aquejan al llamado “modelo” creando problemas mayores. Simultáneamente con la votación de octubre empezó a acelerar la fuga de capitales y el pase al dólar. La fuga de dólares (más de 80.000 millones desde 2008) se aceleró a fines de 2011, señal inequívoca de desconfianza en el “modelo” y en el programa de la Presidente y su cohorte camporista, la “radicalización del populismo” (como lo bautizó Roberto Felletti, entonces viceministro de Economía). El remedio que el gobierno encontró fue el control de cambios, implantado inmediatamente después de la elección. La sociedad confirmó así que había motivos para la desconfianza. Con el paso de las semanas la sociedad comenzaría además a vacilar sobre aquello que justificó para muchos la votación de octubre. Una porción grande del electorado –incluyendo allí, por cierto, a muchísimos cuadros y simpatizantes del peronismo- sintió que la opción del comicio era entre que hubiera un gobierno o no lo hubiera, dada la ausencia en la ocasión de una fuerza alternativa con capacidad de ejercer el poder. Lo que la realidad de las últimas semanas y el comportamiento de la opinión pública comienzan a poner en duda en es que la fuerza que fue votada para gobernar esté en condiciones de hacerlo. Porque lo cierto es que la Argentina, que sigue vendiendo sus productos más emblemáticos y competitivos a precios excepcionales que ofrece el mercado, parece sin embargo encontrarse “atrapada y sin salida”. Esa es –como señaló el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, apuntando a la torpeza de determinados actos de gobierno- “la sensación térmica”. La corrida del dólar y las reacciones del gobierno que agravan el fenómeno son una metáfora de la situación. El fenómeno, que se expresa en el retiro de los depósitos en dólares de los bancos (según el Central, por valor de 1.200 millones en el mes de mayo, acelerado en los últimos días), presión demandante de dólares en los mercados legales (allí con poca suerte, porque la AFIP clausura el corralito) o en los paralelos (con un aumento de la brecha entre uno y otro mercado). Hay causas políticas (inseguridad, desconfianza) y argumentos económicos: desde 2007 la inflación acumula un aumento de 189 por ciento y la cotización oficial del dólar apenas la cuarta parte: 43 por ciento. Parece razonable que los ahorristas conjeturen que ese desequilibrio tenderá a balancearse y que los precios que quedaron atrasados recuperarán terreno. El gobierno relata esos hechos como rocambolescas conspiraciones destgituyentes de grandes especuladores, sin embargo, se ha verificado que la abrumadora mayoría de las compras son de escala menor: un 52 por ciento, inferiores a 10.000 dólares; un 33 por ciento, inferiores a los 5.000. Se trata simplemente de una masa de argentinos con capacidad de ahorro que no mtienen confianza en el peso. Es decir: en las prácticas económicas vigentes. El oficialismo busca ahora solucionar esa desconfianza con una “batalla cultural” a destinada a que los argentinos “pensemos bien”. Mientras el público presiona para hacerse de billetes verdes estadounidenses y ponerlos a buen recaudo, el gobierno pretende desdolarizar. “Hay que avanzar en una desdolarización y pensar en pesos”, reclamó el Jefe de Gabinete en el Congreso. Aníbal Fernández lo había formulado antes y de un modo muy franco: “Vayan haciéndose a la idea de que la Argentina tiene que pensar en pesos”. Esta pesificación del pensamiento parece una solución poco probable mientras la política económica siga deteriorando el valor del peso y contamine a la moneda con la inseguridad que difunde. En rigor, y con cierto sentido de la realidad, el mismo Fernández reconoce que “liberar el dólar sería suicida”. En las actuales condiciones de desconfianza pública la demanda podría llevar la cotización mucho más alto que lo que el gobierno puede permitirse. Esa reflexión de Fernández implica el reconocimiento de que el gobierno no hará nada demasiado distinto de lo que hace. Y para seguir haciendo lo que hace debe seguir “profundizando”. Más controles, más encierro, más trabas al comercio. Los efectos de esa “profundización” están a la vista. el riesgo país de Argentina es el segundo más alto del mundo después del de Grecia y ya trepó a 1350 puntos, el país descendió al sexto lugar entre receptores de inversión extranjero de la región. La producción industrial cayó en abril un 0,4 por ciento (algunos sectores tuvieron descarrilamientos graves: el automotriz cayó en abril un 23,1 por ciento con respecto al mismo mes del año pasado y casi un 20 por ciento con respecto a marzo: las cementeras declinaron un 12,9 por ciento; el aluminio, 12,2 por ciento). La Unión Industrial Argentina, que en general no abjura de la protección, se queja de que esta, la que ejecuta el gobierno vía Guillermo Moreno, tiene consecuencias nefastas sobre la producción nacional. Sucede que lo que Moreno protege no es la producción nacional, sino la caja del gobierno central. Protege su caja en dólares con sus torniquetes sobre importaciones y operaciones cambiarias. El miedo de Moreno es a que el gobierno se quede sin dólares suficientes. Lo confesó en una charla con militantes oficialistas: “Si este año terminamos con un superávit comercial de entre 10 y 12 mil millones de dólares, el show puede continuar. Si estamos debajo de 10.000 millones, estamos complicados. Y si llegamos a estar debajo de los 6.000, olvídense”. Pero esa protección paraliza la producción, impulsa la inflación golpea el consumo y hace estragos sociales. La caja central se protege endosando problemas: a las provincias, a los municipios, a las empresas y, en general, a la sociedad. La perspectiva del segundo semestre es pues, la de una profundización de esos rasgos en un contexto de disgregación oficial y conflicto social. El peronismo –particularmente sus jefaturas territoriales y sindicales- tiene ante sí un desafío. Jorge Castro Hay una crisis fiscal en la Argentina, y éste es el indicador decisivo de la situación del país en términos políticos. El déficit fiscal en 2011 fue -1.7% del PBI, y este año sería 50% superior (-2.5% anual), que equivale a $ 45.000 millones. Es el resultado de la desaceleración de la economía, que hoy crece 2% anual, con una situación de contracción en la producción industrial, lo que representa la tercera parte de la expansión de 2011, en que aumentó 5.8%. La desaceleración de la economía argentina en el segundo semestre de 2011, y en los primeros cuatro meses de este año, fue el resultado directo de la crisis del sector externo (cuenta capital), que se produjo en octubre de 2011. Ese mes, al acelerarse la fuga de capitales, que ascendió a US$ 3.400 millones, y profundizarse la pérdida de reservas, que entre julio y octubre alcanzó a US$ 7.400 millones, se produjo un déficit en la cuenta capital de más de US$ 6.000 millones. Fue la primera crisis externa experimentada por la Argentina en diez años, pero a diferencia de todas las anteriores, esta vez no fue consecuencia de una caída de las exportaciones (en volumen o precio), sino de un fenómeno estrictamente político, de orden interno (crisis de confianza/crisis de credibilidad), que aceleró la tendencia a la fuga de capitales, que entre julio de 2007 y marzo de este año superó los US$ 80.000 millones. Por eso el gobierno, yendo atrás de los acontecimientos, se vio forzado a establecer en octubre el control de cambios y de las importaciones, como único instrumento que le restaba para frenar la pérdida de reservas y la fuga de capitales. La importancia política de la crisis fiscal es que le quita al actual sistema de poder el principal instrumento de dominación y subordinación de las otras entidades políticas-territoriales (provincias y municipios/gobernadores e intendentes). Ha perdido el control de los recursos fiscales, tanto directos (coparticipación) como indirectos (obras públicas, subsidios, préstamos, fondos para mantener el aparato político, etc.). En mayo, el envío de la coparticipación cayó 10 puntos (+27.7% este año vs +38% el año pasado). Está acompañado por una caída de la recaudación propia en las provincias de igual magnitud en el primer trimestre de 2012 (+28% vs + 38% a/a). El resultado es que el déficit fiscal de las provincias asciende este año a $ 22.000 millones. La característica central del régimen federal argentino es que la provincia de Buenos Aires es la mitad, ella sola, del conjunto de las unidades territoriales. Y este año, su déficit fiscal asciende a $ 11.000 millones/ $ 13.000 millones. ¿Por qué la crisis fiscal es el principal indicador político en la Argentina de hoy? El sistema político argentino se caracteriza por la debilidad de sus instituciones y la carencia de partidos políticos. En él, ni el Congreso, ni la Justicia son parte de la estructura de poder, ni lo tienen. Éste está completamente concentrado en el Ejecutivo nacional, que por ello, en las etapas en que se consolida, tiene una naturaleza hegemónica. Dice Natalio Botana: “La hegemonía es supremacía. En la Argentina, debido a la debilidad de sus instituciones, el poder, cuando se consolida, tiende a adquirir carácter hegemónico; y por el contrario, si se debilita, se desata de inmediato una crisis de gobernabilidad (imposibilidad fáctica de ejercer el poder político democrático)”. Por eso, “el péndulo argentino parece oscilar entre hegemonía e ingobernabilidad”. En este sentido, la legitimidad del sistema político, tal como es, como régimen hegemónico, no es la constitucional (apego a la legalidad) ni tampoco la que surge de las lealtades partidarias (no hay partidos políticos), ni menos la que transmite el sentido del “compromiso republicano” (inexistente). La única legitimidad del sistema político hegemónico, frente a una sociedad intensamente movilizada y crítica como es la argentina, reside en su capacidad para asegurar como sea la gobernabilidad, para ser, en síntesis, lo que los argentinos llaman un “poder fuerte”. Por eso, la legitimidad del poder hegemónico se quiebra en la misma medida que se debilita, sobre todo en el aspecto fiscal, y es incapaz, al perder su principal instrumento de control y dominación, de asegurar la gobernabilidad del sistema. El punto crítico de esta evolución es cuando la crisis fiscal adquiere la forma de una imposibilidad de pago de los sueldos de la administración pública, sobre todo policías y maestros, y en especial, en la provincia de Buenos Aires, que por su envergadura, no es simplemente la mayor provincia argentina, sino la contracara del poder nacional. En este sentido específico –carencia de recursos fiscales como instrumentos de dominación y control–, la crisis fiscal debilita al actual sistema de poder, que al mismo tiempo profundiza, por la extrema concentración de las decisiones, su aislamiento frente a la sociedad civil; y esto constituye el punto crítico, tendencialmente decisivo, de su específica y próxima evolución. Pascual Albanese En la política argentina de 2012, parecería que cada mes estuviera asociado a un hecho emblemático. Febrero tuvo el signo de la tragedia ferroviaria de. Once. Marzo el “caso Ciccone” y la situación de Amado Bouodu. Abril fue el mes de la estatización de Repsol, con la que el gobierno pretendió anular los efectos negativos, en términos de opinión pública de los dos meses anteriores. Hoy, casi nadie se acuerda de Repsol. Lo que en mayo se puso encima de la mesa fue la cuestión del dólar, cuyas repercusiones vuelven a colocar en la superficie lo que el gobierno habría pretendido ocultar. Como señaló Ricardo Romano, “el gobierno se metió con los dos verdes que más quieren los argentinos: la yerba y el dólar”. Reaparece entonces, por ejemplo, el tema de Once. El juez Claudio Bonadio cita a declarar al ex Secretario de Transportes, Juan Pablo Schiavi, y encarcela a Claudio Cirigliano, un empresario altamente representativo del “capitalismo de amigos”. Pero más allá de lo judicial, el episodio de Once tuvo claras consecuencias económicas. El gobierno dio marcha atrás con el plan de recortes de subsidios a las tarifas de los servicios públicos. Para ponerlo en números, hay que empezar por decir que la totalidad de los subsidios estatales alcanzan hoy a 75.000 millones de pesos (unos 16.000 millones de dólares al cambio oficial). La intención del gobierno era reducir esa cifra en 20.000 millones de pesos (alrededor de 4.300 millones de dólares). La reducción efectiva alcanzó a 7.500 millones de pesos (aproximadamente 1.600 millones de dólares). La diferencia entre lo previsto y lo ejecutado es de unos 2.700 millones de dólares, una cantidad que impacta fuertemente en las cuentas fiscales nacionales. Junto a lo de Once, con el dólar reaparece también en escena la controversia sobre Boudou, que se expresa en la discusión en el Senado sobre la designación de Daniel Reposo en la Procuración General del Tesoro. Lo cierto es que dólar y gobernabilidad constituyen una dupla inseparable en la historia de la Argentina contemporánea. Pero el dólar está asociado a otro fenómeno de fondo: la inflación. El organismo oficial de estadísticas de Santa Fe informó que el alza de precios en esa provincia en el mes de mayo fue del 2,9%. Todas las previsiones colocan el índice de inflación para el 2012 en torno al 30% anual. Ese aumento inflacionario coincide con la fase final de las negociaciones de las convenciones paritarias. Pero ahora la inflación no está sola. Estamos en un escenario de estanflación. La inflación no está acompañada por una expansión de la actividad económica. Hay signos de recesión. Esto no se manifiesta sólo en el plano de la producción, afectada por una virtual paralización de la inversión. Se refleja también en los índices de consumo. Las cifras de CAME, una entidad empresaria muy cercana al gobierno, consignan que en el mes de mayo el volumen de ventas fue un 6,6% menor que en mayo del 2011. Esa reducción del 6,6% no es pareja. El tope del descenso lo encabeza la caída en la actividad inmobiliaria, efecto directo del manejo oficial del tema del dólar, que llegó al 21,4%. Esa disminución impacta fuertemente además sobre las perspectivas de la industria de la construcción. Pero no sólo cayó la actividad inmobiliaria. El rubro alimentos y bebidas cayó en mayo un 1,2% en relación a mayo del 2011. Y el rubro ropa, otro que constituye un factor central del consumó de los sectores más humildes, descendió un 7,8% en comparación con el mismo mes del año anterior. Todo esto golpea sobre las cuentas públicas y exige al gobierno realizar un ajuste fiscal. La estrategia oficial consiste en hacer caer sobre las provincias el costo económico de ese ajuste y sobre los gobernadores el costo político. Esta intención se vio inequívocamente exhibida en la cuestión del revalúo inmobiliario en la provincias de Buenos Aires, en represalia a las ambiciones presidenciales que había confesado públicamente el gobernador Daniel Scioli, una revelación cuya divulgación periodística cayó muy mal en la Casa Rosada. Pero no es sólo la provincia de Buenos Aires. El ajuste fiscal afecta a todas las provincias argentinas, empezando por las otras dos económicamente más importantes: Santa Fe y Córdoba. En ambos, casos, los gobernadores tienen que aplicar medidas de emergencia. Antonio Bonifatti avanzó sobre el impuesto inmobiliario. José Manuel De la Sota optó por la emisión de un bono para pagar las obras públicas. Estas penurias comunes generan una intensificación de los contactos políticos horizontales entre los gobernadores, empezando por el diálogo entre Scioli y De la Sota. Estas conversaciones incluyen también a Mauricio Macri, en su condición de Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. No es un diálogo entre precandidatos presidenciales, sino una conversación entre gobernantes con graves problemas comunes en búsqueda una salida. El conflicto entre el gobierno central y las provincias no es el único frente abierto en esta situación de ajuste. El otro, no menos importante, es la ruptura con el sector sindical, expresada en el conflicto con Hugo Moyano aunque no se limita al enfrentamiento con el secretario general, sino que, de una manera u otra, involucra al conjunto de la estructura sindical. Otra consecuencia del ajuste fiscal, en este caso vía aumento de la presión fiscal, es la reaparición del la confrontación entre el gobierno nacional y el sector agropecuario. El paro nacional dispuesto por la Mesa de Enlace, que en los hechos incluye el control de mercaderías en las rutas, insinúa reproducir, en otras circunstancias, la situación planteada en el 2008. Hay empero una diferencia cualitativa: esta vez, Moyano, quien en el 2008 fue una de las puntas de lanzas del oficialismo para enfrentar la movilización rural, no jugará ese papel. Al contrario, el diálogo abierto entre el secretario general de la CGT y el titular de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi, revela hasta qué punto el nuevo escenario provoca algunos realineamientos que resultaban políticamente impensables hasta hace poco tiempo. Todo esto repercute a su vez en la opinión pública. El “boom” del programa periodístico de Jorge Lanata es altamente significativo. Por un lado, muestra ese vuelco de opinión pública que insinúan algunas encuestas y se expresó días pasados con el renacer del sonido de las cacerolas en la ciudad de Buenos Aires. Por el otro, ratifica el “poder de fuego” del grupo Clarín: Lanata no hubiera obtenido un éxito semejante si no hubiera sido promovido a la televisión por aire a través de Canal 13 y no contara con el total respaldo político y periodístico de “Clarín”. Esto ayuda a explicar por qué el riesgo país de la Argentina se encuentra por encima de los 1100 puntos y el hecho de que la Argentina sea de lejos, dentro del mundo emergente, el país con mayores problemas económicos, más aún incluso que Venezuela, a pesar del empeoramiento del estado de salud del presidente Huigo Chávez. Las perspectivas del segundo semestre de este año son malas en lo económico y también en lo social. Habrá menos producción y menos consumo y mayor conflictividad social. Una prueba de que hay algunas personas dentro del gobierno nacional que son concientes del peligro es el hecho de que el viceministro de Seguridad, Sergio Berni, un capitán médico del Ejército, haya sido designado coordinador de un organismo interministerial que tendrá a su cargo una tarea de “contención” en las villas de emergencia de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense. En una reunión mantenida hace algunos meses con los jefes de las fuerzas de seguridad interior (Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Nacional Marítima y Policía de Seguridad Aeroportuaria), Berni les había adelantado que en la segunda mitad del 2012 el principal problema de seguridad no sería la delincuencia sino el mantenimiento del orden público ante posibles desbordes sociales. El hecho de que un organismo creado formalmente para atender a las problemática de las villas de emergencia sea coordinado por el viceministro de Seguridad indica qué tipo de problemática se pretende atender…. En términos estrictamente legales faltan todavía tres años y medio para la finalización del actual mandato presidencial. En las actuales circunstancias, parece mucho tiempo para que sea posible seguir así como estamos. La Argentina no es Francia, donde cuando Nicolás Sarkozy no gobierna bien lo reemplaza Francois Hollande, ni España donde cuando fracasa José Luis Rodríguez Zapatero asume Mariano Rajopy. La Argentina es un país con instituciones débiles y prácticamente sin partidos políticos. Cuando se quiebra una hegemonía, ocurre una crisis de gobernabilidad. Por eso resultan a veces inocentes algunas estrategias supuestamente “realistas” que confunden la acción política con los calendarios electorales, por lo que parecen funcionar a pleno en años impares, en los que hay elecciones y a media máquina en los años pares, cuando no las hay. Para situaciones de crisis, hay que saber pensar políticamente desde y para la emergencia. Es lo que habitualmente se considera un “plan B”, pero que en la Argentina suele convertirse rápidamente en el “Plan A”. De allí que, antes que al 2015, conviene otorgar la debida importancia a la dinámica del conflicto entre el “kirchnerismo” y el peronismo, porque de esa dinámica podrá surgir una respuesta a la crisis política que se avecina para antes de fin de año o a más tardar para principios del 2013. |
| Jorge Raventos, Jorge Castro, Pascual Albanese , 05/06/2012 |
| Inicio | Arriba |