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| Caja de inseguridad |
El oficialismo atravesó victoriosamente el examen de la Cámara de Diputados y el jueves 6 de noviembre consiguió aprobar con comodidad (por una proporción de 2 a 1) su proyecto destinado a expropiar los aportes jubilatorios de más de 9 millones de trabajadores. La masa de activos por valor de casi 100.000 millones de pesos acumulada durante 14 años en cuentas individuales pasará ahora a ser administrada por el gobierno K como un todo indiferenciado al que se sumarán cada año unos 4.000 millones de dólares, producto de nuevos aportes. |
| Efectividades conducentes Para alcanzar ese notable triunfo la Casa Rosada no contó sólo con la casi totalidad de su propio bloque (apenas Felipe Solá y unos pocos valientes más rechazaron hacerle la venia al proyecto confiscatorio); también sumó a un buen número de diputados que hasta ahora admitían la etiqueta de opositores. Pese a que el oficialismo rechazó minuciosamente todas las limitaciones que esos diputados (el más reconocido: Santiago Lozano, jefe de un bloque unipersonal) prometían imponer al uso discrecional de los fondos expropiados, ellos se sumaron a la mayoría oficialista, sea porque íntimamente admitían que aquellas cláusulas que reclamaban no eran significativas para evitar ningún saqueo y ni siquiera eran útiles como excusa para el servicio que estaban predispuestos a prestar, sea porque el oficialismo esgrimió argumentos y efectividades conducentes y notablemente eficaces para sumarlos al redil. La campanilla pavloviana del estatismo todavía activa las glándulas de buena parte de la clase política, a veces en su dimensión ideológica y otras en un plano ligado al clientelismo. En este sentido, muchas oficinas de ANSES funcionan como santuarios que acogen a favorecidos de diferentes aparatos: oficialistas, amigos y aspirantes a amigos. Tras la media sanción de la Cámara baja, el gobierno va ahora por la prueba en el Senado. No conserva un buen recuerdo de ese ámbito: allí se produjo el "voto no positivo" del vicepresidente Julio Cobos que determinó la derrota oficialista en su anterior batalla por la caja, la que libró contra el campo. No es imposible que también en el Senado se apruebe la confiscación de las cuentas de capitalización. Aunque algunos senadores (peronistas y no peronistas) han estado trabajando para proponer una vía alternativa a la que ya se impuso en Diputados, desde varias provincias se ha bajado línea en el sentido de votarle al gobierno su reforma previsional. Esa postura es mucho menos una muestra de simpatía con el proyecto de la Casa Rosada que una cuestión de recursos y cálculo. La esperanza de las provincias La mayoría de los distritos del interior se encuentran financieramente ahogados y observan con preocupación el enérgico paráte que están padeciendo sus economías. El gobierno central se queda con 7 de cada 10 pesos de recaudación. En esas condiciones ha crecido la tentación de allanarle a la señora de Kirchner el camino a la caja de las jubilaciones para intentar a renglón seguido arrebatarle una tajada de ese botín. Las provincias tienen un buen argumento para sostener su reclamo: ellas vienen contribuyendo (más que la caja central) al sostenimiento del sistema de seguridad social: ponen unos 5.500 a 6.500 millones de dólares anuales. Puesto que ahora la Casa Rosada se va a quedar con la caja de las jubilaciones de capitalización -que a corto plazo es pura ganancia, pues todavía son muchísimos más los que ponen que los que sacan, ya que todavía hay muy pocos jubilados o a punto de jubilarse entre los 9 millones que serán arreados contra su elección al ANSES – las provincias tienen expectativas de cobrarle a la Tesorería resarcimientos rápidos. Estos tratos y estas estrategias dignas de Yira Yira ("…a tu lado se prueban la ropa que vas a dejar...") tal vez encuentren una estación terminal en la Justicia: ya se preparan infinidad de recursos alegando la ostensible inconstitucionalidad de la propuesta que votaron los Diputados. Habrá que ver. También en el ámbito de los Tribunales se cuecen habas. Las estrictas normas que el Procurador Esteban Righi impuso a la Fiscalía de Investigaciones (que ya no podrá ocuparse de los temas ligados con la corrupción oficial) son una muestra de que el kirchnerismo quiere ingresar en el año electoral 2009 con la caja llena y las clavijas de la Justicia bajo control. El miércoles 5, frente al Congreso, unas 10.000 personas escucharon la medulosa palabra del rabino Sergio Bergman en un acto pensado para convocar a los legisladores a la reflexión. Pese al número y al momento, fue difícil encontrar rastros del acto y de la palabra del orador en los medios audiovisuales. El oficialismo silenció y se silenció sobre ese acto: consideró inconveniente polemizar con el respetado rabino. Bergman anticipó allí que su movimiento de ciudadanos convocará a un mitin análogo ante el Palacio de Justicia: "Tenemos –enfatizó el rabino- que ayudar a los buenos jueces a que puedan dictar sentencias con libertad y sin la presión de la policía ideológica del Consejo de la Magistratura, encabezada por Kunkel y Diana Conti". El discurso de Bergman llamó a los ciudadanos a participar "para salvar a la patria". Criticó el estilo del gobierno: "Es cierto que los elegimos pero no para que gobiernen como quieren, sino para que gobiernen como deben",dijo. Y agregó: "Se elige con democracia, pero se gobierno con República. El poder en democracia sigue siendo del pueblo y es delegado por un plazo para rendir cuentas de que van a servir a la Nación y no servirse de ella. Hoy les toca a los jubilados y a la propiedad privada. ¿Cuánto tiempo más vamos a dejar que nos cocinen a fuego lento?". La vida continúa Mientras prosigue su empecinada lucha por la caja y sueña planes electorales para el año próximo, el gobierno trata de disimular las dificultades que atraviesa. Los bancos no consiguen retener a sus ahorristas, ni siquiera ofreciendo tasas de interés que rozan y superan el 20 por ciento. La desconfianza mueve a buscar seguridades: los plazos fijos no se renuevan y hasta las cajas de seguridad son vaciadas, por el temor y la fantasía de alocadas expropiaciones. El Banco Central ha tenido que instrumentar políticas para ahorrarles sofocones a los bancos que sufran de "iliquidez transitoria" forzada por la tenaza de los retiros de depósitos y la falta de fuentes alternativas de financiamiento. El aislamiento internacional que sufre la Argentina se traduce en falta de financiamiento tanto al sector público como al privado; no hay ayuda, no hay crédito. Un avezado e influyente hombre político argentino, con excelente acceso a algunos gobiernos europeos comunicó esta semana en Buenos Aires juicios recibidos de un altísimo miembro del G7: "El gobierno argentino es errático e incomprensible para el mundo serio. No recibirá ayuda económica y tiene cerrados los canales de financiamiento. En los informes del FMI al G7 se pinta la situación argentina como delicada y crítica. Se vaticinan momentos duros hacia fines de 2008". Según esa visión, del Cono Sur, se califica con muy buenas notas a Brasil, Chile y Uruguay. A la Argentina se la visualiza como más peligrosa que Bolivia porque el país gobernado por Evo Morales "es internacionalmente irrelevante", mientras la Argentina, por su potencial y su pasado conserva vínculos con el mundo, alberga inversiones internacionales y, además, "su ingobernabilidad puede contaminar la región". La situación social puede recalentarse. Hay signos inquietantes de que la caída del consumo y las dificultades del sector productivo pueden ya están disparando suspensiones y despidos y están produciendo interrupciones en los circuitos de pago. Una de las provincias más golpeada por estas corrientes es Santa Fé: hay despidos en la industria del cuero, en la automotriz y en la metalmecánica. Pero la provincia que gobierna el socialismo no es una excepción. Los problemas se han generalizado en las fábricas de autos, que están instaladas también en Córdoba, en Buenos Aires y (camiones) en Tucumán. En todas se suspende y se preparan despidos. El gobierno quiere detener políticamente la sangría. La CGT reclama que se reinstale la doble indemnización. Antes de apelar a las cesantías, las empresas pasan por las suspensiones, por los adelantamientos forzosos de licencias y finalmente suelen acogerse a lo que en la jerga de los laboralistas se llama "procedimiento preventivo de crisis". Estos procedimientos se incrementaron en un 900 por ciento. Es una ironía previsible que, mientras este fenómeno esté ocurriendo, la señora de Kirchner haya sacado pecho, basándose en cifras del INDEC, para asegurar que ha caído el desempleo. Seguridad, delito, crímenes La cuestión de la (falta de) seguridad es otro de los hilos conductores de la crisis que se está cocinando. Los vecindarios se congregan y reclaman (hoy mismo habrá una protesta frente a la Residencia de Olivos). También lo hacen las autoridades. El gobernador Daniel Scioli está persuadido de que esa cuestión es vital para determinar el éxito o el fracaso de una gestión. Viene de comprobarlo en Colombia, donde conferenció largamente con el presidente Alvaro Uribe. El trabaja para fortalecer a la policía bonaerense, que espera agrandar reclutando diez mil hombres más. Ese objetivo también depende de la caja. Y, en gran medida, de la caja central. Scioli confía en que el gobierno K abrirá el monedero para garantizarle al distrito bonaerense un refuerzo sustancial en el tema de la seguridad. Cuando alguno de sus amigos le pregunta qué pasaría si esos necesarios fondos no llegan, el gobernador prefiere no responder. El es optimista y confía. También es un hombre tenaz y no le gusta perder. Como Scioli, otros gobernadores tienen entre manos temas que son el pasa-no pasa de sus gestiones y que dependen de condiciones (en muchos casos, de recursos) que sólo puede proveer el gobierno central. Esa es la fuerza restante de los Kirchner. Esa bien puede ser también la piedra del escándalo. Final: el 17 de noviembre –Día de la Militancia en el calendario peronista- en su sede de la calle Azopardo, la CGT hará un acto para presentar un libro. Hablarán Jerónimo Venegas (dirigente de las peones rurales y líder de las 62 Organizaciones peronistas), el dueño de casa, Hugo Moyano, y el autor del libro: Ceferino Reato. En la CGT se presentará ese día un libro que hace tres meses viene batiendo records de venta en las librerías, Operación Traviata, la investigación que demuestra que José Ignacio Rucci, antecesor de Moyano en los '70, fue asesinado por la organización Montoneros. Tal vez este sencillo acto cultural en la CGT también tenga algo que ver con la crisis. |
| Jorge Raventos , 10/11/2008 |
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