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| El poder que hace falta. |
| La negativa de la mayoría de los gobernadores a achicar la brecha presupuestaria y la caída de la recaudación son la semilla de una nueva crisis de gobernabilidad. Todo gobierno que no resuelve los aspectos fiscales y monetarios pierde poder y termina perdiendo el poder. |
| El titular de la CIA George Tenet, en una exposición que realizó días pasados en el Congreso norteamericano, calificó de "delgado" al respaldo político con que cuenta el actual gobierno argentino. La respuesta oficial no se hizo esperar: el Secretario General de la Presidencia Aníbal Fernández refutó enérgicamente al jefe de la inteligencia estadounidense. Desde entonces, y con buen criterio, ambos gobiernos pusieron en sordina a un entredicho que podía perturbar las relaciones bilaterales en un momento asaz inoportuno. Sin embargo, el contrapunto tiene un trasfondo conceptual cuyas vastas dimensiones tal vez hayan escapado a la comprensión de sus protagonistas. Sin caer en el tipo de simplificaciones salomónicas características de lo "políticamente correcto", es probable que, aunque resulte paradójico, las dos partes tengan razón, cada una a su manera. Y no solo una parte de razón, sino toda la razón. La diferencia estriba en que hablan de dos cosas distintas. Fernández piensa en términos de poder institucional. Considera entonces que no se puede caracterizar como "débil" a un gobierno que tiene el activo respaldo de una amplia coalición política, encabezada por las estructuras partidarias más importantes del país, que son el peronismo y el radicalismo de la provincia de Buenos Aires, liderados por Eduardo Duhalde y Raúl Alfonsín. Tenet, en cambio, razona en términos de poder efectivo. Estima que las autoridades argentinas no están en condiciones de poner en marcha las reformas estructurales necesarias para salir de la crisis. La diferencia entre esas dos visiones aparentemente contrapuestas quedó perfectamente aclarada esta semana, cuando la mayoría de los gobernadores peronistas rechazó sin tapujos la propuesta oficial acerca de la eliminación del piso establecido para la coparticipación federal, una de las condiciones básicas planteadas por el FMI para liberar la asistencia financiera externa solicitada por la Argentina. No es que carezca de importancia el hecho de contar con un fuerte respaldo institucional. Se trata, sin duda, de una condición necesaria. Pero no es una condición suficiente. Más aún cuando el propio sistema institucional está fuertemente jaqueado por una opinión pública altamente movilizada que cuestiona su legitimidad. Porque lo que el gobierno no ha logrado exhibir, al menos todavía, es el poder político que hace falta para tomar, en los tiempos perentorios que exigen las circunstancias, las medidas indispensables que le permitirían afrontar con posibilidades de éxito la gravísima situación de emergencia que tiene por delante. Lo cierto es que, a pesar de ese alardeado e indiscutido respaldo institucional, la negativa expresada por la mayoría de los gobernadores peronistas, que frustra toda expectativa de achicar la brecha presupuestaria, agravada por la brutal e incesante caída de la recaudación tributaria, crea nuevamente las condiciones para el estallido en el corto plazo de una crisis de gobernabilidad. Esta dicotomía no es un contrasentido. Ocurre que, con el advenimiento de la era de la globalización de la economía mundial, la cuestión de la gobernabilidad cambió de naturaleza. Hasta la década del 80, el problema de la gobernabilidad en los países de América Latina tenía una raíz básicamente institucional. Estaba referida a la consolidación de las entonces incipientes democracias de la región. Desde la década del 90, una vez afianzados los regímenes democráticos, la gobernabilidad pasó a tener características fundamentalmente fiscales y monetarias. En este nuevo escenario internacional, todo gobierno que no logre mantener razonablemente bajo control las principales variables fiscales y monetarias empieza perdiendo poder y termina perdiendo el poder. En ese sentido, la experiencia del gobierno de la Alianza es demoledoramente contundente y aleccionadora. La Argentina, siempre precursora en materia de crisis, constituyó en realidad el verdadero "caso testigo" de esta mutación histórica. El colapso hiperinflacionario del 89, que terminó abruptamente con el gobierno de Raúl Alfonsín, fue precisamente, en el mundo entero, la primera de las crisis de gobernabilidad que tuvo las características propias de esta nueva época histórica. Por eso es que, en las actuales condiciones, el poder político que la Argentina requiere no se puede medir en cantidad de diputados o senadores nacionales. La existencia efectiva de poder político, o su ausencia, está en relación directa con la capacidad para adoptar las decisiones drásticas, incluso extremas, que sean necesarias para enfrentar y resolver una crisis que se agrava día tras día. Ese es el único interrogante político auténticamente relevante en la Argentina de hoy. Si la respuesta resultara negativa, habrá que adelantar rápidamente la convocatoria a elecciones. |
| Pascual Albanese , 21/02/2002 |
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