Donde mueren las palabras.

 

Las demandas del Fondo que Remes trajo en su maletín intensificarán el debate en la cúpula política y removerán las aguas profundas de la crisis.
Jorge Remes Lenicov viajó a Washington y recibió los mensajes previsibles. Un comunicado del FMI aseveró, formalmente, que el Palacio de Hacienda avanza por la buena senda, pero que todavía falta claridad sobre materias muy relevantes para poder hablar de un programa sustentable, la condición para que comience a negociarse la ayuda del organismo a la Argentina.

El ministro de Economía subrayó su coincidencia técnica con los reclamos del Fondo, pero pidió tiempo para darles respuesta: no sabe si esas condiciones serán en definitiva admitidas por la coalición duhaldista-alfonsinista-frepasista que ejerce el gobierno. De hecho, uno de los puntos en que el FMI había puesto anticipadamente el acento - el veto a la ley de quiebras - fue olímpicamente ignorado por Eduardo Duhalde, quien se limitó a anular aspectos poco significativos de esa norma.

Las demandas que Remes Lenicov escuchó del Fondo apuntan, principalmente, a la cuestión fiscal, a la reestructuración del sistema bancario (hoy paralizado por las consecuencias combinadas del corralito, la devaluación y la licuación de deudas) y al régimen de coparticipación federal y al balance de gastos y recursos de las provincias.

Cuando se habla de las provincias, en general, es preciso leer, en primer lugar, provincia de Buenos Aires, ya que allí es donde reside la mitad del problema, tanto en materia de déficit como en materia de deuda, de las provincias. Es razonable que Remes Lenicov vacile antes de dar una respuesta a Washington: gobierna el país una coalición bonaerense cuya estructura de poder está atada a los principales focos de déficit y endeudamiento. ¿Estará dispuesto tal sistema de fuerzas a realizar las reformas y ajustes que desbaratarían sus maquinarias políticas?

El actual gobernador bonaerense Felipe Solá, heredero de las gestiones de Eduardo Duhalde y Carlos Ruckauf, se las ve en figurillas para contener esa crisis e impulsar algunas transformaciones. Esta semana tuvo que desmentir su dimisión, aunque debió sufrir la del ministro de Hacienda provincial Jorge Sarghini, víctima de la brutal caída de la recaudación. La dramática situación también se refleja en las renuncias de miembros del Superior Tribunal de la provincia.

La devaluación y la flotación cambiaria han desatado fuerzas que lentamente se ponen en movimiento y complican la vida del gobierno, que trata de frenar con presión política los efectos, en última instancia ineludibles, del alza de precios (y/o desabastecimiento de productos), deterioro del salario, caídas de la producción y la recaudación fiscal. El poder institucional que puede ostentar hasta hoy un gobierno apoyado en los grandes aparatos de la UCR y el PJ bonaerenses y admitido resignadamente por el resto de esos partidos (lo que le ha permitido contar con amplias mayorías parlamentarias) no es sinónimo automático de poder político y gobernabilidad. Las dificultades en estos sentidos se manifiestan en el desbarajuste fiscal y en el déficit de recursos para poder desarrollar las políticas que aquel poder institucional se propone. Sin reformas (que apuntarían en buena medida contra sus propios aparatos) no llegará ayuda financiera externa; con reformas, entraría en crisis la arquitectura política gobernante.

Por el momento, el gobierno procura ganar tiempo, ejecutando marchas y contramarchas al ritmo de los incesantes intercambios con diferentes sectores: los que lo presionan para licuar sus pasivos, los afectados por la devaluación y las medidas presuntamente compensatorias. Un día se rechaza públicamente la posibilidad de aplicar retenciones a las exportaciones agropecuarias y otro vuelve a ponerse esa medida sobre el tapete; el miércoles el gobierno promulgó la retención del 20 por ciento impuesta a las exportaciones de hidrocarburos cuando hasta algunas horas antes estaba negociando con las provincias petroleras y las empresas del ramo otros caminos impositivo que excluían esa retención.

Al exponer ante un público de hombres de negocios en la Sociedad de las Américas de Nueva York, el presidente del Banco Central Mario Blejer trató de aventar las sospechas de populismo y estatismo que afectan a Eduardo Duhalde en esos círculos: "Hubo retórica oportunista - admitió. Pero no se instrumentó nada de eso. No hay control de precios y no hubo una intervención masiva". Pero también advirtió sobre la imprevisibilidad de los acontecimientos como producto de los tironeos internos del gobierno. En una transparente alusión a Remes Lenicov, señaló: "En estos momentos los que deciden son los moderados. Es importante que esta ala pueda mostrar logros. De lo contrario, el país podría ir en otra dirección". ¿A que dirección se refería Blejer? Seguramente a la acentuación del intervencionismo y los controles, a la tentación de un ejercicio extendido del autoritarismo estatal.

Las demandas del Fondo que Remes trajo en su maletín intensificarán ese debate en la cúpula política y removerán las aguas profundas de la crisis. Se aproxima el momento en que mueren las palabras.
Jorge Raventos , 18/02/2002

 

 

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