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| Chávez, el gobierno K y los corderos con piel de lobo |
La singular sociedad que el gobierno ha forjado con el comandante venezolano Hugo Chávez, asentada sobre columnas de ideologismo y petrodólares, ha pasado a constituirse en el flanco a la vez más significativo y más vulnerable del kirchnerismo. |
| Hay, por cierto, temas domésticos que se ven muy acuciantes. El primero de ellos es la impotencia del régimen K ante la crisis energética, que negó durante toda su primera etapa y que recién ahora empieza tímidamente a blanquear, aunque no encuentra expedientes para resolverla que no se vinculen a una lógica intervencionista y autoritaria. La intención de convertir a los encargados de edificios de renta en vigilantes de sus empleadores (los consorcistas), no sólo tiene vínculos genéticos con los encargados de manzana castristas o con los serenos urbanos del franquismo (sistemas informales de delación, ambos). Esencialmente, se trata de una iniciativa que no contribuye en nada a paliar la crisis energética determinada por la imprevisión y la terca negación de los hechos, que disgusta a la sociedad hasta el punto del cacerolazo; en cambio, representa una invasión en los derechos individuales de los ciudadanos y un envenenamiento de las relaciones entre empleadores y empleados en las casas de departamentos, es decir, en los hogares de los argentinos.
La sociedad con el chavismo es, en proyección, más dañina incluso que la inflación que corroe reprimidamente el orden económico; en rigor, influye sobre ella al convertirse en un obstáculo suplementario a la inserción internacional de la Argentina y a la captación de inversiones, nacionales y foráneas. Lo de Chávez va más allá. Porque inmediatamente después de haber encandilado a los medios y a los actores y observadores propensos a contraer el síndrome de Estocolmo con el gesto presumidamente "humanitario" de la liberación de 2 (de entre 750) rehenes de la narcoguerrilla FARC, el capo venezolano ha realizado un strip-tease público en la sede de la Asamblea Nacional (Congreso) de su país, en Caracas, y ha sincerado brutalmente su relación con los secuestradores, verdugos y carceleros de centenares de personas, incluidas las dos damas finalmente liberadas de su cautiverio el jueves 10 de enero. El comandante Chávez declaró el 11 de enero ante un legislativo adicto –y con toda la solemnidad que implica un discurso presidencial ante la asamblea de congresistas- que su gobierno considera a la narcoguerrilla colombiana, no una expresión del terrorismo, sino "verdaderos ejércitos, que ocupan espacio en Colombia... hay que darles reconocimiento a las Farc y al Eln, son fuerzas insurgentes que tienen un proyecto político, que tienen un proyecto bolivariano que aquí (en Venezuela) es respetado". Ipso facto, el César caraqueño reclamó que el mundo retire la calificación de terrorista a la organización de sus amigos, exhibidos como un rebaño de corderos con piel de león. Con esa declaración, el "gesto humanitario" del que el venezolano, con la contribución de las FARC, quería transformarse en gran protagonista, se mostró en su verdadera naturaleza: una gran operación conjunta del chavismo y la narcoguerrilla para sacar a las FARC de su decadencia e imponerle al estado democrático colombiano (con el eventual respaldo de algunos países europeos) el reconocimiento de los terroristas como legítima "fuerza beligerante e insurgente", un estado dentro del estado. De ese modo, Chávez pretende cooptar a la narcoguerrilla como una suerte de expresión armada "bolivariana" en Colombia y avanzadilla venezolana en territorio de otro estado. Los comandantes del las FARC expresaron vertiginosamente su convergencia con el planteo de Caracas. En un comunicado, la narcoguerrilla aseveró que "somos una fuerza beligerante a la espera de ser reconocida por los gobiernos del mundo (…) Simón Bolívar nos enseña que, cuando el poder es opresor, la virtud tiene derecho a anonadarlo". Hay algo de cinismo en el hecho de que las FARC se autocalifiquen como "ejército de la virtud", tanto como puede haber de ingenuidad (para no acudir a juicios más severos) en reputar sus últimos actos como expresión de algún sentido "humanitario". Que no se tomen como coartada de esa concesión las expresiones de las señoras recientemente liberadas: ellas están aún bajo la presión brutal, angustiante y perturbadora de haber sufrido años de cautiverio, de separación de sus seres queridos (de su hijo recién nacido, en el caso de la señora Clara Rojas), del espectáculo que ellas mismas describen de rehenes encadenados por los tobillos y el cuello, marchando por la selva con sus grilletes; y hasta del hecho de que muchos de sus amigos y tristes compañeros de padecimientos se encuentran todavía bajo el poder de los secuestradores. ¿No es patético que esas damas y sus familiares deban ofrecerle públicamente sus honores a un Chávez que se dedica a decirle al mundo que los raptores y asesinos de civiles de distintas edades, cultores del narcotráfico, no son terroristas mientras pide para ellos el status de legítimos insurgentes? Tal como son presentadas por Chávez y por una liga de analistas y comunicadores adictos que no carecen de influencia en las redes mediáticas, no faltará quien proponga a las FARC y a quien ha pasado a ser su principal vocero y abogado como candidatos a recibir el Premio Nobel de la paz. Para la ONU, un grupo terrorista es el que "hace uso de la violencia contra población civil no combatiente con el objeto de condicionar al Estado". ¿Qué otra cosa que una extorsión de esa naturaleza es el manejo del "canje" de rehenes civiles como Ingrid Betancourt como elemento de presión sobre el estado colombiano y estados extranjeros, como Francia, por ejemplo? La Unión Europea tiene a las FARC caracterizadas, naturalmente, como organización terrorista. En rigor, ese rasgo depende menos del juicio de las cancillerías que de los propios actos de la narcoguerrilla. Por cierto, para Francia y España, que sufren directamente la experiencia del terrorismo (ETA, sectores fundamentalistas) representaría una grave expresión de doble moral someterse a las condiciones de la narcoguerrilla colombiana expuestas por Chávez, cuando ninguno de ambos estados parece dispuesto, como es lógico, a adoptar una conducta análoga con las organizaciones terroristas que invocan parecidos argumentos en sus territorios. El planteo de Chávez, formulado ante el Congreso de su país, otorga una altísima jerarquía institucional al más abierto y grave desafío que se haya lanzado en América Latina a un principio básico del orden jurídico no sólo continental, sino universal: el principio de no intervención en los asuntos internos de otros países. El presidente venezolano deberá asumir la responsabilidad de dinamitar ese importante principio y abrir la puerta a otras potenciales intervenciones en el continente. Tanto la OEA como la Organización de Naciones Unidas tienen desarrollada una jurisprudencia sobre este asunto: "Todos los estados deberán abstenerse de organizar, apoyar, fomentar, financiar, instigar o tolerar actividades armadas, subversivas o terroristas encaminadas a cambiar por la violencia el régimen de otro estado y de intervenir en las luchas internas de otro estado". Las legítimas autoridades constitucionales de Colombia no pueden sino contemplar con rechazo y repudiar la conducta del presidente del país con el que comparten la frontera más extensa, que ha decidido respaldar (ahora abierta e indisimuladamente) a una organización que agrede la convivencia de su país, ataca a sus ciudadanos, impide el ejercicio de la autoridad estatal y tutela la actividad del narcotráfico, que es –con los secuestros- su principal sustento financiero. Y que, a través de la excusa de la comunidad ideológica "bolivariana", insinúa sin afeites la perspectiva de una acción expansiva venezolana sobre la soberanía de Colombia. Hasta ahora había centenares de testimonios de la colaboración del chavismo con la narcoguerrilla. Hace unos días, una extensa investigación publicada por el diario madrileño El País (que no es precisamente un medio al que se puedan asignar posturas "de derecha" o ligadas "al imperio"), desplegaba bajo el título El narcosantuario de las FARC una extensa investigación en la que exhibía la alianza, respaldo y complicidades del régimen de Chávez con la banda de los comandantes de las FARC y la creciente ligazón de Venezuela con el negocio del narcotráfico que los terroristas colombianos explotan desde hace años. En cualquier caso, el presidente de Venezuela había omitido hasta el momento un compromiso tan explícito. Había disfrazado (con una máscara transparente, es cierto) su colaboración con los terroristas bajo el manto "humanitario". Había reclamado (exigencia que se demostraría excesiva y sólo destinada a favorecer el despliegue guerrillero) que las fuerzas armadas de Colombia se replegaran en una amplísima zona y durante semanas, como condición para que pudiera realizarse la entrega de los rehenes; la que no tuvo obstáculos para realizarse sin ese requisito, como de hecho ocurre cada vez que la narcoguerrilla tiene que devolver un rehén por el que ya ha cobrado un rescate. Pero esas condiciones parecían emerger de los escrúpulos excesivos de un mediador neutral preocupado por la suerte de los rehenes. Ahora queda al desnudo que el papel de Chávez ha residido en capitalizar (o tratar de hacerlo) la extorsión de la narcoguerrilla, que lo alimenta con sus actos. La realimentación perversa entre la conducta de la narcoguerrilla y Chávez podría eternizarse: cuantos más secuestros de una, más oportunidades para que el otro se exhiba humanitario…y use ese cartel para defender a los secuestradores. Las FARC tapizan el suelo de clavos miguelitos para que Chávez haga prosperar su gomería (negocio común). Unos provocan los enfermos y el otro explota un hospital. Embarcado ahora abiertamente en una política intervencionista en Colombia, asociado a una guerrilla que explota el narcotráfico, Chávez se convierte cada día con más evidencia en un chico malo del barrio. Los países de la región difícilmente puedan mirar hacia otro lado ante un gobierno que respalda a los condotieros delincuenciales que agreden a la democracia vecina. La política de crear "zonas liberadas" para reclamar desde ellas legitimación internacional y establecer cuñas en las naciones del continente fue sufrida por muchos países de la región: ¿será legitimada ahora por los estados americanos para inclinarse ante la extraviada voluntad del comandante caraqueño? Conectado a Caracas por sospechosas valijas y por vínculos poco transparentes (vuelos misteriosos, embajadores de facto, negocios raros) el gobierno argentino debe recapacitar, porque las decisiones que tome de ahora en adelante en relación a Chávez no serán observadas sólo desde la perspectiva de la literatura picaresca, sino desde la de las grandes disyuntivas estratégicas, esas en las que una apreciación sesgada puede provocar cien años de soledad. |
| Jorge Raventos , 03/01/2008 |
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