Minués sobre el Titanic.

 

El ministro de Economía anunció quiénes pagarán la factura, que habrá un dólar oficial y otro paralelo, que no se reducirá el gasto público y prometió, con raro voluntarismo, que los argentinos dejarán de ahorrar en dólares.
Los anuncios producidos el domingo 3 de febrero por el ministro de Economía Jorge Remes Lenicov no alcanzan a merecer el nombre de programa económico y está por verse (restan por conocer muchos detalles significativos) si ese conjunto de medidas admitirá el adjetivo mágico - "sustentable" - que desde los organismos financieros internacionales, la secretaría del Tesoro de los Estados Unidos y los gobiernos europeos entrevistados por el canciller Ruckauf se insiste en reclamar como condición para empezar a negociar algún tipo de apoyo financiero a la República Argentina.


La doble flotación: un dólar "libre", pero controlado, y otro paralelo

Es cierto que, con el afán de cumplir formalmente con otro requisito de los máximos funcionarios del FMI, el gobierno presidido por Eduardo Duhalde proclamó la libre flotación de la moneda. Pero la vía elegida para instrumentarla difícilmente termine con la doble paridad censurada por esos mismos organismos, ya que, en la práctica, la libre flotación coexiste con un régimen de control de divisas (los bancos deben ceder sus reservas en dólares al Banco Central a una cotización de 1,40 pesos por unidad y quedan excluidos de las operaciones cambiarias; los giros de divisas al exterior deben ser autorizados por el Banco Central), lo que permite vaticinar que, junto al muy restringido mercado libre (sobre el que intervendrá la autoridad monetaria) florecerá otro mercado, más libre aunque clandestino: el proverbial mercado paralelo que crece cada vez que se aplica este tipo de restricciones.

Al fundamentar su acelerado tránsito hacia esta llamada flotación libre, el ministro de Economía admitió que no existieron razones técnicas para dinamitar el régimen de convertibilidad: "Tenemos más dólares que los que se requieren para compensar la masa de pesos en circulación", confesó en su mensaje. Transparentó, además, los motivos políticos por los que se modificó el régimen convertible (y se dislocó así el piso jurídico sobre el que se asentaban los vínculos contractuales del país). "Simplemente queremos tener una moneda propia, como todos los Estados", afirmó Remes, exagerando u olvidando que doce naciones de la Unión Europea han renunciado clamorosamente a mantener moneda propia para inclinarse por la moneda común, el euro, una transfiguración de la divisa más fuerte del Viejo Continente, el marco alemán.


Quiénes pagarán la factura de la pesificación

Si la libre flotación, con todas sus limitaciones instrumentales, constituyó el principal gesto hacia la tribuna externa, vale la pena atender también a las señales lanzadas hacia el terreno doméstico. En este sentido, y bajo la doble presión de las cacerolas y del fallo de la Corte Suprema, el gobierno procuró flexibilizar el corralito principalmente en lo que se refiere a las cuentas salariales. Sin embargo, la plasticidad no alcanzó al resto de los ahorristas y la pesificación compulsiva de todos los depósitos representó el abandono definitivo del primer compromiso de Eduardo Duhalde quien, apenas ungido, aseguró que los ahorros serían devueltos en la moneda en que habían sido constituidos. Por otra parte, la cotización a la que se pesifican los depósitos en la divisa americana (1,40 para los ahorros menores de 30.000 dólares; 1 peso de allí para arriba) representa una quita de entre 33 y 50 por ciento en relación al último valor que alcanzó el dólar el viernes 1 de febrero en bancos y casas de cambio. Así, los ahorristas tienen motivos para considerarse chivos expiatorios del programa decidido por la coalición de gobierno duhaldista-alfonsinista-frepasista.

Los bancos, por su lado, deben afrontar una quita importante que surge de la diferencia entre la cotización a la que deben devolver la mayor parte de los depósitos en dólar (1,40) y la que beneficiará a todos sus deudores (1 peso). Esa notable licuación de los débitos tanto de particulares como de empresas (sin diferencias entre las muy grandes y las medianas o pequeñas) será compensada en gran medida con nueva deuda y fondos públicos.

Si los acreedores bancarios recibirán alguna forma de compensación (así sea, parcialmente, en bonos de un Estado que acaba de declararse en default), los acreedores no bancarios ni siquiera tendrán ese alivio: por cada dólar que prestaron recibirán un peso, como si la convertibilidad todavía estuviera en vigencia.


No hay reducción del gasto público, salvo por el paguediós

En materia fiscal, los anuncios de Remes parecieron algo voluntaristas. En un contexto de notable ausencia de detalles y de explícita postergación de reformas definidas como fundamentales (en materia tributaria, de estructura y funciones del Estado, de coparticipación federal) el ministro afirmó que el gasto público del año 2002 será apenas "un poquito menor" que el del ejercicio anterior, pero que el déficit fiscal será "notablemente menor". Ese milagro difícilmente pueda apoyarse en el costado de los recursos, esto es, en un marcadísimo aumento de la recaudación: la tendencia actual muestra una caída sostenida y las propias estimaciones oficiales (muy moderadas, según la mayoría de los analistas, incluyendo a los técnicos del FMI) avizoran una caída de la actividad económica del orden del 5,3 % del PBI. Una atmósfera poco estimulante para recaudar más.

La clave del achicamiento del déficit prometido por Remes reside, principalmente, en que, en situación de default, no habrá pago de servicios de la deuda. Es decir, el déficit se encoge, antes que por el ajuste del gasto, por la vía del paguediós. Aún así, resta saber cómo inciden sobre ese cuadro las compensaciones prometidas a los bancos para pagar la licuación de la deuda privada. No son pocos los analistas que consideran que, con ese número incluido, el proclamado estrechamiento del déficit se convertirá en un importante aumento si no se ataca el centro de la cuestión, que es la reforma del Estado y la reducción y eficientización del gasto público.


Juegos de masacre

Otros interrogantes significativos: ¿Cómo incidirá la flexibilización relativa del corralito sobre la cotización del dólar? ¿Alcanzará la decisión del gobierno de pesificar para que la sociedad argentina disuelva su propia voluntad, expresada en un comportamiento de décadas, de dolarizar sus ahorros? ¿Qué consecuencias tendrá el previsible aumento de la cotización del dólar sobre la inflación y sobre el abastecimiento de bienes?

Responder adecuadamente a estos problemas tiene más trascendencia para la suerte del gobierno de Eduardo Duhalde que la mismísima pulseada, para nada menor, que la coalición oficialista - desde el Ejecutivo y el Legislativo - mantiene con la Corte Suprema. Estos juegos de masacre evocan patéticamente a un minué a bordo del Titanic.
Jorge Raventos , 06/02/2002

 

 

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