Está todo aclarado. El Presidente Kirchner – aseguró el jefe de gabinete, Alberto Fernández- se enojó mucho ("tenía mucha bronca con el gobernador Carlos Sancho") porque la movilización popular en Santa Cruz había sido reprimida ("El Presidente nunca fue partícipe de ese tipo de políticas reactivas frente a manifestaciones sociales, por injustas que sean éstas", explicó Fernández).
Al enterarse del disgusto presidencial, el gobernador dimitió. Tras él renunciaron las autoridades de la legislatura local y ésta designó como nuevo gobernador al interventor en Yacimientos Carboníferos Fiscales, Daniel Peralta.
Eso sí: un día antes, la claridad se expresaba de una manera marcadamente distinta. Casi opuesta. En Santa Cruz no había habido ninguna represión policial: sólo una "acción defensiva" destinada a evitar que los manifestantes llegaran cerca de la residencia de Néstor Kirchner en Río Gallegos. "Nosotros no usamos la fuerza" –proclamaba entonces el ministro de Interior, Aníbal Fernández, quien además rechazó la idea de que la policía hubiera herido a algún manifestante. |
"No hubo heridos; (los manifestantes) se autohieren para dar lástima". Más aún: la Casa Rosada se negaba todavía (como lo había hecho durante dos meses) a "ceder a las presiones" de docentes y estatales, que reclamaban blanquear sus sueldos y gozar de paritarias. En Olivos y en Balcarce 50 reinaba la tensión, pero la posición del gobierno nacional era de dureza. " Kirchner no va a cambiar a Sancho ni a nadie", declaraba un alto funcionario al matutino La Nación por esas horas.
De la noche a la mañana el gobierno nacional decidió virar 180 grados en su postura y en sus palabras: admitió que había habido represión, culpó por la misma al pobre Sancho (un gobernador que, según los santacruceños, siempre "estuvo pintado" y fue la máscara del poder del Presidente de la Nación), hizo renunciar al popularmente repudiado secretario de gobierno Daniel Varizat, ojos y oídos de la Casa Rosada, y forzó todos los mecanismos necesarios para colocar en la gobernación a Daniel Peralta, quien se apresuró a declarar que llegaba para negociar con todos los sectores que estaban en lucha. Kirchner tuvo, finalmente, que dar el brazo a torcer, aunque lo hizo cargándole la culpa a Sancho.
En rigor, esto no es una novedad: los aliados del Presidente terminan pagando las facturas de sus propios fracasos y de los retrocesos del Presidente: después del fracaso de Misiones, donde Kirchner apostó a la reelección indefinida del gobernador Carlos Rovira, a éste dejaron de dirigirle la palabra y, además, el pobre Felipe Solá fue conminado a olvidarse de sus propias –si bien vidriosas- perspectivas reeleccionistas. En La Rioja, Angel Maza confió en que Kirchner lo preservaría de la caída o, al menos, la disimularía con una intervención. Nada de esto ocurrió y Maza fue separado como gobernador e inhabilitado políticamente. En Santa Cruz, ahora le toca a Sancho, pero un año antes el desplazado había sido Sergio Acevedo, otro hombre colocado por el Presidente.
Los ataques de nervios que cundieron en Olivos y en la Casa Rosada tienen su razón de ser: el Presidente quiere garantizarse el control de la situación santacruceña porque sabe que un cambio de tendencia en el poder provincial podría reabrir un peligroso expediente que por ahora consiguió mandar al archivo: el del recorrido, destino y situación actual de los fondos que Santa Cruz recibió en la década del 90 por regalías y petroleras y por la venta de las acciones de YPF propiedad de la provincia, por un monto que suele calcularse en alrededor de 1.000 millones de dólares. De hecho, la crisis que culminó en la renuncia de Acevedo, que tuvo su clímax en una lucha sindical con epicentro en la localidad de Las Heras, donde fue muerto un agente de la policía provincial, se había iniciado cuando Acevedo prometió públicamente repatriar aquellos fondos provinciales, un gesto de independencia que fue mal visto en la Casa Rosada (y una repatriación que, de hecho, no ocurrió ni fue replanteada por el ahora ido Carlos Sancho). La atmósfera de protesta que prevalece en Santa Cruz ha hecho dudar a la gran hermana presidencial, Alicia Kirchner, sobre sus chances en las próximas elecciones a gobernador. Ella, en principio, amenazó con no asumir ese desafío si no se ponía paños fríos a la crisis. El Presidente cedio ( retrocedió) porque necesita que su sector siga manejando la provincia y Alicia parece ser la única que todavía tiene chances de hacerlo. De todos modos, habrá que ver si no será obligado a nuevos retrocesos, habrá que ver si el respiro ganado con la asunción de Daniel Peralta es suficiente para calmar los desbordes que se producen después de más de una década de sofocamiento y autoritarismo o si Peralta está destinado a convertirse en un nuevo Sancho.
En cualquier caso, a medida que el calendario avanza hacia las fechas electorales parece acelerarse el vencimiento de asuntos postergados por el gobierno. El manejo algo desprolijo de las obras públicas, ya denunciado en su momento por Roberto Lavagna (recuérdese que renunció después de apuntar contra la existencia de sobreprecios en construcciones administradas por el ministerio de Planificación) estalla ahora bajo la forma de investigaciones judiciales, como la del caso Skanska; el desapego por el mantenimiento de barcos, aviones y radares se refleja en la casi total pérdida del rompehielos Irízar, en la caída de un Mirage y en la proliferación de riesgos de accidentes aéreos, de los cuales tres fueron ya denunciados por pilotos y controladores aéreos.
En política –se ha dicho- puede hacerse cualquier cosa. Menos eludir las consecuencias.
Si no lo creen, pregúntenle a Sancho.
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Jorge Raventos , 13/05/2007 |
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