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| El virus de la ingobernabilidad. |
Reapareció en público el presidente Kirchner. Su retorno a los atriles, de los que estuvo alejado una semana larga como producto de la rebeldía de los docentes y los estatales de la provincia de Santa Cruz, se produjo cuando el epicentro de las protestas se mudó a otra provincia de la Patagonia y allí -en Neuquén- la desgracia se cobró una muerte injustificada, tras lo cual el gobernador Jorge Sobisch pasó a ser el blanco principal de los cuestionamientos. |
| Así, una crisis que puede remontarse a la decisión
del oficialismo nacional de ofrecerle a su candidato porteño, el
ministro de Educación, el anuncio alectoralista de un aumento general
a los docentes, produce en este tramo de su desarrollo el paradójico
efecto de eclipsar la cuestionada ausencia presidencial del acto por
Malvinas en Ushuaia, desestabilizar a un gobernador crítico y
devolverle al doctor Kirchner las ganas de hablar en público. Sucede que, tras el malhadado incidente de Neuquén que terminó con la vida de un docente, parecía posible convertir al gobernador Jorge Sobisch en pararrayos de un disgusto muy amplio, en alguien sobre quien cargar culpas y a quien además utilizar, por contraposición, como justificativo de la inacción del gobierno nacional en la tarea de hacer cumplir las leyes. Hay que reconocer que el gobernador neuquino no buscó resguardo ni se apartó a lejanías antárticas frente a la muerte del profesor Carlos Fuentealba: asumió la responsabilidad política y aseguró la colaboración oficial para que la Justicia actúe con celeridad y firmeza. En 48 horas el funcionario policial que disparó el cartucho de gas lacrimógeno que liquidó a Fuentealba estaba identificado, detenido y procesado. No puede observarse idéntica rapidez en la provincia del Presidente, donde un año atrás, en el curso de una pueblada ocurrida en la localidad de Las Heras, fue asesinado el funcionario policial Jorge Sayago sin que hasta el momento la Justicia haya avanzado en la identificación del o los autores (y sin que el hecho y la falta de consecuencias hayan ocasionado mayores reacciones o discursos oficiales). La muerte del profesor Fuentalba ha promovido un debate sesgado en el que a menudo se confunde la condena al crimen con la condena a la idea misma de que el Estado deba hacer respetar la ley. Que un agente policial haya actuado criminalmente durante la misión de custodiar el orden legal, ordenada por la autoridad legítima, ¿debe acaso tener como consecuencia que esa misión se abandone? Por el hecho de que, defendiendo la propiedad o la seguridad ciudadana, un policía cometa un exceso o provoque una muerte inocente, ¿habrá que sancionar al responsable de ese hecho o tomar la decisión de que los cuerpos de seguridad se retiren de la calle, de las esquinas, de las instituciones bancarias para evitar el riesgo de que la situación vuelva a producirse? En las entrelíneas de la feroz ofensiva contra el gobernador neuquino, a la que el propio Presidente se ha sumado, parece leerse la idea de que la sociedad debe replegar o inhibir los atributos de autodefensa que la Constitución establece. De hecho, esto ha venido ocurriendo en el pasado reciente y es uno de los factores determinantes de la crisis de seguridad que vive el país y padecen los ciudadanos, tanto frente al delito desbocado como ante la protesta salvaje, que suele tomar como rehenes a terceros inocentes a los que se les expropia el derecho de tránsito o el derecho a recibir servicios esenciales, así sea en muchos casos con reclamos justificados. Una política que renuncia paulatinamente al monopolio estatal de la fuerza– y mucho más si se la practica en paralelo con una prédica confrontacionista- siembra elementos de ingobernabilidad. Y este es un virus que, como otros, no se detiene ante fronteras políticas o comarcales. De hecho, las circunstancias de Neuquén sólo eclipsaron a las protestas de Santa Cruz en el terreno de los medios de comunicación (pero los santacruceños ya están acostumbrados a que sus reclamos queden asordinados); en la realidad, , la movilización neuquina y el respaldo que parece haber obtenido en la opinión pública tras la muerte del profesor ha estimulado a estatales y docentes de Santa Cruz: las medidas de lucha llegaron esta semana nada menos que a la toma de la Legislatura provincial. Y amenazan avanzar la semana próxima hacia una huelga de 96 horas. Tanto en Neuquén como en Santa Cruz la conducción gremial de los docentes es opuesta a las autoridades nacionales del gremio. En ambas provincias, bendecidas por la abundancia de petróleo, la puja por una distribución más generosa de la renta da espacio a liderazgos sindicales más combativos y a veces otorga inclusive una discreta presencia política a sectores de izquierda que carecen de representatividad a nivel nacional. El retorno de Kirchner al escenario se le hacía imprescindible al oficialismo. El presidente odia encontrarse a la defensiva: si el asedio de los santacruceños y la movilización de los docentes de su provincia a Ushuaia lo habían obligado a mantenerse amurallado en Calafate, en la otra sede de su poder, la Capital Federal, sufría casi simultáneamente otro repliegue. Jorge Telerman, el jefe de gobierno que proclama su amor no correspondido por el presidente, concluyó el pacto que lo vincula al ARI de Elisa Carrió y a Unión por Todos, de Patricia Bullrich. Sumados, esos retrocesos ofrecen una imagen del gobierno que va a contramano de lo que el Presidente necesita: el ha mantenido hasta aquí cierto orden y disciplina en sus filas porque se lo imagina fuerte. Su estilo agresivo ("crispado", dicen algunos) es funcional con esa necesidad de exhibir poder y capacidad de castigo, una exhibición útil tanto hacia fuera del gobierno como hacia el interior de las fuerzas que le obedecen. Sensible al poder y a sus deslizamientos, el doctor Kirchner registra otras señales del descontrol que amenaza sus posibilidades: hasta las conducciones gremiales mejor predispuestas están empujando, por ejemplo, para lograr aumentos mayores que los que él ha declarado razonables. Aunque todas las partes traten de disimularlo, la mayoría de los convenios firmados o a punto de cerrarse superan con distintos subterfugios el 15 por ciento que el gobierno quería como límite. Y los jueces, a los que advierte de su capacidad de retaliación desde la mayoría oficialista del Consejo de la Magistratura, no parecen arredrarse: la investigación sobre coimas centrada en los pagos ilegales de la empresa sueca Skanska avanza peligrosamente. En lo estrictamente político, la manifiesta expresión de autonomía de Telerman condena al candidato oficialista porteño, el profesor Filmus, a un casi ineludible tercer puesto. Para Kirchner esa es una manera odiosa e indeseable de iniciar la etapa más significativa del proceso electoral que culmina en las presidenciales de octubre. El no ignora el efecto imitación que ejerce el distrito federal sobre la mayoría de las ciudades grandes y medianas del país. Volver al atril era imprescindible, parece. Y la semana próxima Hugo Chávez dispondrá para él de un nuevo atril en Caracas. ¿Será el atril el mejor remedio para la ingobernabilidad? |
| Jorge Raventos , 16/04/2007 |
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