La nueva Ley de Propiedad
Gobernabilidad, desafío chino

 


El año pasado fueron 23.000 las revueltas campesinas en China, sobre todo en la zona central del país, según el gobierno de Beijing. Son 2.000 menos que las que estallaron en el 2005, y que dieron lugar a choques generalizados con la policía y las fuerzas de seguridad. La mayor parte de estos disturbios, en algunos casos con características de levantamientos populares, fueron provocados por el rechazo campesino a la expropiación de las tierras de cultivo, tomadas por las autoridades regionales para proyectos de desarrollo urbanístico e inmobiliario (“real state”).
En los últimos 15 años en China, un promedio de casi un millón de hectáreas por año pasa de la producción agrícola al desarrollo urbano.
La inversión total, por año, en “real state” y urbanización, que incluye la construcción de viviendas y fábricas, asciende a casi 5% del producto (4.7%); y de ese total, los residentes rurales, ante todo los productores agrícolas, reciben el 20%, o menos.
En China, la propiedad de la tierra en el campo es pública; y los campesinos, que son los actores excluyentes del proceso de acumulación agrícola, solo tienen derechos de uso sobre las tierras que trabajan, que originariamente tenían hasta 30 años de duración y que ahora se han extendido, a partir del 2002, hasta 70 años.

Pero si la tierra es pública, son los gobiernos regionales, esto es urbanos, los que tienen pleno control sobre ella; y la inversión en “real state” y desarrollo urbano es uno de los principales impulsos del crecimiento económico de los últimos 15 años.

Una regla del proceso de acumulación chino es que buena parte de las provincias y regiones crecen a tasas más altas que el promedio nacional. El año pasado, el producto bruto interno creció 10.7%, pero Shenzen, Fujian y otras provincias y unidades regionales “Clase 1” crecieron 11%, 15% y hasta 20% en el año.

Por eso el impulso de las autoridades regionales es incentivar el crecimiento económico, lo que significa más inversión, más exportaciones industriales y sobre todo mayor urbanización.

En los últimos 5 años, el producto se expandió a una tasa anual promedio de dos dígitos; pero el consumo doméstico creció sólo 8.6%. El resultado es que su contribución, en primer lugar el gasto de los consumidores, al crecimiento económico cayó al 45%, mientras que en los 5 años previos (1995-2000) era 73%. En EEUU, y en los países del G-7, el gasto de los consumidores representa el 80% o más.

La contrapartida del bajo nivel de consumo individual es un altísimo nivel de ahorro doméstico. El total de depósitos en cuentas bancarias fue de 1.1 trillones de dólares en el 2006, 60% del producto. En EEUU, con una economía que es 10 veces la china, los depósitos en los bancos ascienden a 1.6 trillones de dólares, 13% del PBI.

Hasta el 30% de los ingresos familiares van en China a cuentas de ahorro bancarias; en EEUU, tras el pago de impuestos, el ahorro familiar es negativo. Según el Banco Mundial, el ahorro chino es 25.5% de los ingresos individuales, el nivel más alto del mundo.

La Ley de Propiedad, sancionada hace dos semanas por la Asamblea Popular, no establece la propiedad privada en China. Desde 1978, con las reformas y apertura de la economía, la República Popular ha venido experimentado con distintas formas de propiedad; y hay ahora más de 20, incluida la propiedad privada; entre ellas, las empresas colectivas, las que son propiedad de villas y aldeas, las compañías propiedad, total o parcial, de inversores extranjeros; también están las empresas publicas, que son antiguas firmas estatales, cuyo capital es ahora accionario, y es el resultados de la emisión de acciones no sólo en los mercados bursátiles chinos, sino también en Hong Kong, Tokio, Frankfurt y Wall Street.

Las empresas privadas en China ya son más de 2 millones, y emplean 24 millones de trabajadores, y es un sector que crece 30% por año. Además, están las empresas de propiedad extranjera, que ascendieron el año pasado a 242.000, de las cuales 160.000 son industriales.

Los ciudadanos chinos pueden adquirir la propiedad de su propia empresa, lo que incluye, en las zonas urbanas, la propiedad del terreno. Lo mismo puede hacer con los inmuebles que habitan; y también pueden comprar acciones de empresas públicas y privadas. Todo esto antes de la Ley de Propiedad sancionada hace dos semanas.

Lo específico de la nueva ley, su novedad, es que coloca en condiciones de igualdad (legitimidad/legalidad), a la propiedad pública, estatal y privada. Es, por eso, ante todo, un instrumento de defensa de la actividad agrícola y de los campesinos. El objetivo es evitar que las autoridades regionales puedan apropiarse de las tierras agrícolas unilateralmente, sin indemnización, para destinarlas a la urbanización.

El desafío mayor para el régimen chino, fundado por Mao Tse Tung en 1949, no es ni la modificación del modelo de desarrollo económico de los últimos 28 años ni la reversión del extraordinario daño ambiental, sino la gobernabilidad de 1300 millones de habitantes, de los cuales 700 millones son campesinos.

Publicado en el DIARIO PERFIL el 25/3/07
Jorge Castro , 26/03/2006

 

 

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