Cualquiera sea el resultado que atesoren las urnas misioneras el domingo 29 de octubre, es probable que el gobierno nacional deba afrontar una factura por su respaldo a la reelección perpetua que pretende imponer constitucionalmente en esa provincia el gobernador kirchnerista Carlos Rovira. |
Cualquiera sea el resultado que atesoren las urnas misioneras el domingo 29 de octubre, es probable que el gobierno nacional deba afrontar una factura por su respaldo a la reelección perpetua que pretende imponer constitucionalmente en esa provincia el gobernador kirchnerista Carlos Rovira.
El gobernador ha convocado a una reforma constitucional sobre un solo punto: el que eventualmente le permitiría mantener el poder sin límite de tiempo. Es tal la oceánica sensación de impunidad que evidentemente lo inunda, que Rovira ni siquiera sintió la necesidad de maquillar la propuesta, combinándola con algún paquete de cambios en otros campos. No: ofertó exclusivamente la reforma ad hominem: el punto que él necesita para mantenerse sentado sine die en la silla de los gobernadores.
Es probable que, cuando urdió su proyecto, Rovira no contara con dos factores que la realidad, sin embargo, terminó obligándolo a afrontar: uno, la articulación de una alternativa opositora unificada; dos: la enorme atención pública nacional que se concentraría en el comicio misionero. El gobernador trabajaba con el dato de una oposición fragmentada y atomizada que parecía impotente para ponerle coto a sus ambiciones. No obstante, fue la desmesura de esa ambición la que promovió la unidad opositora. La convergencia fue estimulada por la iniciativa de organizaciones sociales independientes – en particular las iglesias, pero no sólo ellas- y por la decisión de figuras de tanta relevancia provincial como la del obispo emérito Joaquín Piña, que estuvo hasta hace pocas semanas a cargo de la diócesis de Iguazú y que, impulsado por el riesgo institucional, aceptó encabezar la boleta de la amplia coalición opositora Frente Unido por la Dignidad.
La atención nacional se centró en Misiones en buena medida siguiendo el rastro de Kirchner, al descubrir la fuerte apuesta de la Casa Rosada a favor de Rovira (en las últimas semanas el gobierno nacional prometió obras y ayuda por más de 1.500 millones de pesos para apuntalar la campaña del gobernador; el Presidente viajó a la provincia y envió detrás una caravana de ministros y altos funcionarios). Parecía evidente que Kirchner no estaba haciendo semejantes gastos sólo por cariño a un gobernador de su palo. Un amplio sector de la opinión pública sospechó que el gobierno nacional estaba impulsando con mucho interés la generalización del experimento de la reelección a perpetuidad, un instituto que ya rige en algunas provincias chicas (como la Santa Cruz de Kirchner) y que, tras su proyectada aplicación a una provincia mediana como Misiones, el oficialismo querría ver impuesto para la presidencia de la Argentina.
La unificación opositora y el liderazgo de la prestigiosa figura del obispo Piña representaron desafíos de difícil abordaje para Rovira. Las encuestas pronto empezaron a informarle que en las ciudades la opinión mayoritaria –que incluye a una porción de sus propios simpatizantes- resistía el proyecto de reelección perpetua. La atención nacional le dificultó, simultáneamente, la reiteración sin costos de métodos que son habituales en la provincia: el "apriete" a empleados públicos para que no se desmarquen del gobierno, la intención de comprar voluntades electorales mediante dádivas (desde subsidios a víveres o ¡dentaduras postizas!), la transgresión de las normas que rigen la propaganda, el manejo irregular y la adulteración de documentos de identidad destinados a facilitar el voto fraudulento o, lisa y llanamente, la amenaza y la violencia aplicados contra la oposición. El día anterior a la elección, sábado 28 de octubre, fue incendiada la capilla católica de San Jorge, entre Cerro Azul y Leandro Alem: tres días antes, otro fuego intencional había devorado una parroquia en las afueras de Iguazú, en lo que fuera la diócesis del obispo Piña.
Resulta obvio que la atención pública no refrenó esos métodos non sanctos aplicados en la lucha por el poder, pero lo que sí determinó es un costo político ante la opinión pública, que Rovira paga en Misiones pero el gobierno nacional sufraga, así sea en menor medida, en el ámbito del país.
Para la Casa Rosada, contaminada en los últimos tiempos con los acontecimientos del Hospital Francés (acción de barras paraestatales ligadas al oficialismo) y con los hechos de San Vicente (entrega de la seguridad del homenaje a Perón a los mazorqueros de Hugo Moyano), y pegada a personajes como Luis D'Elía, premiado con una secretaría de Estado después de la toma de una comisaría y el acoso a empresas, el compromiso con Rovira y la exposición pública de los métodos que este emplea para buscar la perpetuación, representan un precio alto en su vínculo con la opinión pública. Un vínculo al que el doctor Kirchner le debe demasiado. Un cambio de talante de esa opinión pública puede representar un precio demasiado alto, inclusive si Rovira sale con la suya en Misiones.
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Jorge Raventos , 31/10/2006 |
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